La hidráulica y la nuclear se libran de un recorte de 1.500 millones que barajó el Gobierno

Teresa Ribera estudió fijar un precio para eliminar sus beneficios llovidos del cielo

La medida afectaba también a parte de la eólica y varias fotovoltaicas

Energia hidraulica y nuclear
Puente romano de Alcantará, al fondo la presa de Iberdrola.

Entre las medidas urgentes barajadas por el Ministerio de Transición Ecológica para abaratar el precio de la electricidad, que se ha disparado en los últimos meses, hasta el máximo de 76 euros MWh registrado esta semana, figuraba una de amplio calado: detraer de las llamadas tecnologías inframarginales (la nuclear y la hidráulica) los beneficios llovidos del cielo (o windfall profit) que reciben por su participación en un mercado mayorista en el que todas las energías reciben el precio más caro que resulta casado (el del carbón o el gas).

A los habituales beneficios extra que reciben el agua y la nuclear gracias a este sistema, se suman ahora los que se están embolsando por el encarecimiento de los precios del mercado provocado por la fuerte subida del precio de los derechos de CO2 (de 6 euros toneladas ha llegado hasta 24 euros este año), que las centrales contaminantes deben comprar para poder producir.

¿Por qué tecnologías que no están obligadas a adquirir estos derechos porque no emiten CO2 se benefician de un precio afectado por un coste que solo asumen el carbón y el gas? Con esta premisa, el Gobierno estudió incluir en su paquete de medidas un recorte de los windfall profit de la energía nuclear y la hidráulica, que sumarán este año unos 1.500 millones de euros, según fuentes del sector.

Un ajuste que, según añaden las mismas fuentes, haría incluido también a los parques eólicos que paricipan en el mercado desde que, en 2013, la reforma del Gobierno del PP los dejó fuera del sistema de primas. También las pocas plantas fotovoltaicas que venden directamente en el mercado sin recibir incentivo.

Las alarmas saltaron rápidamente entra las empresas afectadas, que lograron finalmente, que el ministerio que dirige Teresa Ribera diese marcha atrás en sus intenciones. Dos fueron las opciones que se estudiaron para contener dichos beneficios: en primer lugar, la aplicación de una tasa a estas energías, la cual se desechó rápidamente pues las empresas podrían repercutirla en el precio final y, en segundo lugar, la fijación de un precio regulado (diseñado teniendo en cuenta los costes reales) que se liquidaría trimestral o anualmente.

Como aseguraban ayer fuentes del sector de renovables, “Iberdrola ha vuelto a ganar la partida”. Una de las razones del Gobierno para no perjudicar a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, o a otras como Acciona, con una importante cartera eólica, es que las considera las empresas más comprometidas con la defensa medio ambiente y la transición energética. Al menos, esta ha sido la justificación para guardar la propuesta en el cajón.

Los defensores de cauterizar los windfall profit han perdido una batalla que habría permitido un recorte de la factura de la luz quizás más relevante que la que se derivará de la suspensión del impuesto del 7% a la generación.

El 7% cae en octubre

La rebaja de este tributo a la generación eléctrica “hasta un tipo próximo al cero”, que anunció el miércoles la ministra de Transición Energética, debería ser incluida en la Ley de Presupuestos de 2018, cuyo futuro es ahora incierto. Al no ser eliminado este gravamen, que creó el Gobierno de Mariano Rajoy en la ley 15/2012, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se evita tener que tramitar una ley que modifique esta, para la que carece de tiempo, amén de apoyos.

Además, se trata de una medida de carácter urgente con la que el Gobierno pretende aliviar los precios de la electricidad, que se han disparado este año. La bajada a cero del impuesto se traduciría en una rebaja de entre el 3% y el 4% de la factura de la luz, según cálculos del ministerio.

En cualquier caso, tal como figura en una disposición de la la Ley 15/2012 la modificación de los tipos de este impuesto debería ser aprobada en la Ley General de Presupuestos, en este caso, la correspondiente a 2019 cuyo trámite aún no se ha iniciado y para la que, difícilmente, el Gobierno socialista logrará respaldo (por el momento, anda enfrascado en eliminar el veto del Senado a la propuesta de déficit público).

Aunque fuentes jurídicas insisten en que los tipos solo pueden cambiarse a través de la LGP, el Ejecutivo incluirá la suspensión del polémico impuesto del 7% al valor de la energía en un real decreto ley que en cualquier caso, le será imprescindible para sacar adelante el resto de medidas que, con una gran inconcreción y confusión, presentó Teresa Ribera en la Comisión de Transición Ecológica.

El real decreto ley en cuestión será aprobado en un próximo Consejo de Ministros y entrará en vigor al día siguiente, sin esperar a su convalidación en el Congreso, lo que se produciría aproximadamente un mes después. Por tanto, el efecto de anular temporalmente el impuesto podría notarse ya en la factura de la luz de octubre.

Según calcula el Gobierno, la cuantía que dejará de ingresas Hacienda con esta medida es de unos mil millones de euros anuales. Este año no lo notará, pues la recaudación hasta octubre irá a parar a su caja. Estos ingresos se verán compensados con los derivados de la subastas de derechos de emisión, que podrían alcanzar este año los 1.500 millones, frente a los 500 millones de los últimos años.

Según declaró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha resistido a aceptar esta pérdida de recaudación, su departamento estará “muy vigilante” para garantizar que la suspensión del impuesto repercute en la factura eléctrica.

Por otra parte, queda por ver en qué se concretan las propuestas relativas al bono social de la tarifa. Por el momento, según fuentes próximas al Gobierno, se ampliará el viejo bono, que convive con el nuevo que aprobó el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en tanto aplica el suyo.

¿Podría darse la circunstancia de que lleguen a aplicarse tres a la vez? Este descuento en la factura lo asumen, según la ley, las comercializadoras eléctricas.

 

Las eléctricas, satisfechas con la suspensión del 7%

A falta de que se concreten las medidas avanzadas esta semana por la ministra de Transición Ecológica, teresa Ribera, para paliar la subida de la luz, las grandes eléctricas han recibido satisfechas el anuncio de la suspensión del impuesto del 7% a la generación.

Un tributo contra el que nadie como ellas han luchado (lo recurrieron ante el Tribunal Supremo), no solo porque lo recaudan y, según se lamentan, no siempre lo pueden repercutir en su totalidad, sino porque distorsiona un mercado en el que compiten con Francia y Portugal, donde sus generadoras eléctricas no soportan dicho gravamen.

También las renovables ven con alivio un tributo que, pese a tener la consideración de medioambiental, se les aplica también a ellas que no contaminan. En una nota de prensa, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) la considera una medida oportuna, pero reclamó que vaya acompañada de una reforma del mercado eléctrico en próximos meses. Ribero ha prometido una reforma en profundidad de un mercado que “genera situaciones absurdas”, pero no dio detalles al respecto.

Esta asociación indicaque la suspensión de ese impuesto del 7% tendrá un efecto inmediato en la reducción de la factura eléctrica y aliviará el incremento que ésta ha sufrido en los últimos meses.

No obstante, la AEE considera que la suspensión del impuesto debe ir acompañada de una reforma del mercado “fruto del consenso social y político para garantizar su estabilidad”. Y propone para reducir la volatilidad de los precios en el mercado eléctrico introducir más generación renovable autóctona, como la eólica, reduciendo la dependencia de los combustibles importados y del precio del CO2.

Por su parte, la Fundación de Renovables se felicitó tambiñen ayer por la decisión de Ribera de impulsar el autoconsumo, pero “aunque la música suena bien instamos a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas”. según un comunicado, la Fundación valoró “positivamente su anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y elacceso a contadores bidireccionales”.

Sin embargo, añade, el problema de los altos precios de la luz “hay que abordarlos con una visión estructural y no coyuntural”. Más allá del bono social, que incluirá un bono para calefacciones, la Fundación de Renovables reclamó una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, que incluya, entre otros, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término potencia contratada.

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