El PP bloqueará la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear

Los populares mantendrán 'sine die' en un organismo que requiere respaldo parlamentario De la configuración actual dependerá el futuro de la central de Almaraz

Los cambios acelerados que el nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha realizado en los consejos de administración de las empresas públicas no tendrán su continuidad en los organismos reguladores en los que sus miembros tienen mandatos reglados y ratificados por el Parlamento.

Si cambiar a un consejero dominical representante de la SEPI en sus empresas participadas ha resultado algo sencillo y casi automático, tratándose de este tipo de organismos (tal es el caso de la CNMC, la CNMV, el propio Banco de España o el Consejo de Seguridad Nuclear -CSN-), la cuestión es mucho más complicada. Esto es así incluso, como ocurre en este último caso, aunque los mandatos de los consejeros hayan llegado o estén a punto de llegar a su fin.

Al ser un consejo controlado en la actualidad por el Partido Popular y, dada la situación de minoría parlamentaria en que se encuentra el PSOE, el partido que lidera Pablo Casado no tiene ningún incentivo a pactar cambio alguno pues “los suyos”, en mayoría en el consejo que preside Fernando Marti, podrán seguir en funciones sine die.

Formado por cinco miembros, el pleno del CSN se lo repartían tradicionalmente el PP, el PSOE (dos, respectivamente) y CiU (el vocal restante). Una entente que se rompió con la mayoría absoluta de Gobierno del PP, que incorporó al mismo a Marti y a los consejeros Fernando Castelló y Javier Dies Llovera. Además, el PP ha tenido de su parte a la única mujer del consejo y vicepresidenta, Rosario Velasco.

Por su parte, el PSOE solo cuenta con un respresentante: Jorge Fabra, quien sustituyó en febrero de este año a Cristina Narbona, que abandonó su sillón para ser nombrada presidenta del PSOE. Se da además la circunstancia de que Fabra cumplirá 70 años el próximo 2 de febrero y tendrá que abandonar el consejo, tal como establecen las normas internas del organismo, sin que pueda agotar su mandato de seis años.

Aunque el PSOE era consciente de esta circunstancia, al encontrarse en minoría y en la oposición, no lo consideró importante, pues Fabra, quien apoyó abiertamente a Sánchez en su batalla contra la Gestora, habría sido relevado sin problemas por otro consejero a propuesta del Grupo Socialista. Ahora, ya en el poder, este aspira a ocupar una presidencia que los populares ni quieren soltar ni están obligados a ello, según fuentes políticas.

Uno de los consejeros del PP, Fernando Castelló, se encuentra en funciones desde el pasado 6 de junio (entró ese mismo día del año 2012). Por su parte, al presidente Marti le caduca el suyo el 19 de diciembre y, aunque da por hecha su salida, todo apunta a que podrá seguir por tiempo indefinido. Otro tanto ocurre con la vicepresidenta, que debería abandonar su puesto a principios de abril de 2019. Solo al consejero Dies LLovera le quedan varios años por delante, hasta junio de 2022.

Cualquier propuesta para nombrar consejeros del CSN debe pasar por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso (antes Comisión de Energía), que debe respaldarlos con un 60% de los votos. Además, pueden ser vetados con la mitad de los votos más uno.

Como en el resto de organismos reguladores o supervisores, los puestos en sus consejos de administración son fruto de pactos, normalmente proporcionales a la representación parlamentaria de cada partido, si bien, con muchas excepciones (de hecho, en la CNMC, el PP ocupó 8 de los 10 puestos del consejo).

Al tratarse de mandatos parlamentarios, en el caso del CSN de seis años prorrogables, los consejos de los reguladores son muy codiciados entre los políticos: aunque haya cambios de Gobierno no pueden ser destituidos, sin olvidar que el cargo de presidente y el de vicepresidente equivalen al de ministro y secretario de Estado con sus prebendas.

Y si, como en esta ocasión, la renovación se complica, pueden mantenerse en funciones, Esto es así en todos los organismos excepto en la CNMV, donde, al caducar su mandato, los miembros de su consejo debe abandonarlo de inmediato.

Uno menos para Almaraz

Ante la muy probable falta de acuerdo para la renovación, y la obligada salida de Fabra el próximo mes de febrero, el CSN podría verse con tan solo cuatro miembros en un año en que deberá decidir sobre la continuidad del primer grupo de la central nuclear de Almaraz.

Sus propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy), tienen de plazo hasta el 31 de marzo para solicitar la prórroga de la licencia de explotación de la central, que cumple los 40 años de vida útil en 2023. El proceso se prevé conflictivo por la división interna de sus accionistas. Mientras Iberdrola y Naturgy son partidarias de solicitar la licencia solo hasta 2023, Endesa quiere pedirla por 10 años más, cuando la planta cumpla los 50 años. Para este plazo el CSN impondría inversiones que las primeras no están dispuestas a realizar.

La decisión del CSN solo sería vinculante si este deniega la autorización por razones de seguridad. En caso afirmativo. El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera también podría determinar el cierre de la central por razones políticas. Solo en el caso de que se autorice su continuidad, por más o menos años, las empresas tendrían la última palabra.

Los relevos de Ábalos

Dos meses después de su llegada a la presiencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha completado prácticamente “la ocupación del poder en las empresas públicas”, a la que el PSOE tampoco se ha podido sustraer, pese a la corta legislatura a la que se enfrenta.

Según fuentes políticas, el artífice de la colocación en las empresas de la SEPI de afines al partido o exaltos cargos ha sido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En algunos casos, como el de la ingeniería Ineco o el de Enusa (Empresa Nacional de Uranio), con escasa fortuna. Para la presidencia primera, se designó (sin consumar) un catedrático de Trabajo Social condenado por plagiar a un alumno. En Enusa sí la ocupa ya un licenciado en Filosofía, José Vicente Berlanga.

En el sector energético, los catalanes del PSC han obtenido premio: Maite Costa será consejera de REE y el presidente de Enagás, Antonio Llardén, continuará en un cargo, que ocupa desde 2007.