La pyme no termina de creer que puede ser objeto de ciberdelincuentes

La amenaza que más afecta a las pequeñas y medianas empresas es el secuestro de información de la compañía

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Un ciberataque podría acarrear consecuencias económicas para una pequeña y mediana empresa llevando a comprometer su solvencia financiera. La responsable de Servicios de Ciberseguridad de Incibe, Elena García, advierte de la necesidad de tomar medidas contra la amenaza real de que toda empresa, grande y pequeña, sufrirá algún ataque informático a lo largo de su trayectoria.

Entre las amenazas que sobresalen, destaca el ‘ransomware’ , que consiste en el secuestro de información de una empresa, por lo que resulta inaccesible y se solicita un rescate económico a cambio de liberarla.

La responsable de Servicios de Ciberseguridad aconseja a las pymes, además de denunciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotarse de herramientas específicas según la actividad de la empresa para combatir la ciberdelincuencia. En este sentido, ellos ponen a disposición de las pymes un catálogo para que puedan localizar empresas que les ayuden tanto a realizar su gestión de riesgos como a transferirlos mediante pólizas de ciberriesgos.

Para valorar el impacto de un ciberataque es necesario considerar, no solo los daños materiales o equipos que habría que reponer o actualizar, sino el valor de los datos y la información de negocio que pudiese resultar comprometida.

“Las pymes suelen ser la puerta de entrada para ciberataques contra organizaciones mayores”, por lo que García ha recomendado que las grandes empresas deben dar ejemplo e impulsar la ciberseguridad en su cadena de valor, según recoge la Agencia Efe.

Estrategia Nacional de Ciberseguridad

En 2013, el Gobierno de España implantó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que constituye un modelo integrado basado en la implicación, coordinación y armonización de todos los actores y recursos del Estado para gestionar ciberseguridad dentro de sus doce ámbitos de actuación.

A nivel europeo se ha impulsado, tras la publicación de la Agenda Digital para Europa, medidas y normativas que reflejan el obligado cumplimiento de estrategias de ciberseguridad para todos los países miembros.

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