Montero, ante el reto más difícil: reformar la financiación autonómica y esbozar las cuentas de 2019 en días
La futura titular de Hacienda es licenciada en Medicina y experta en política autonómica Su nombre sonó como sustituta de Susana Díaz si ésta hubiese ganado a Sánchez las primarias del partido
La futura ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la actual consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Nacida en Sevilla en 1966, es licenciada en Medicina y ocupó la Consejería de Salud desde 2004 hasta 2013, cuando pasó a ser la máxima responsable de las cuentas públicas autonómicas.
Conocida en el Parlamento Andaluz por su gran habilidad negociadora, ha logrado convertirse en una de las piezas fundamentales del Ejecutivo de Susana Díaz gracias al profundo conocimiento que tiene de la gestión económica. De hecho, bajo su mandato, la comunidad ha logrado enderezar el rumbo de sus cuentas y eludir el férreo control del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de haber conseguido cumplir con el objetivo de déficit, el de deuda y la regla de gasto.
Montero, que llegó a sonar como sustituta de Díaz al frente de la Junta si ésta hubiese ganado las primarias del partido al hoy presidente del Gobierno, tiene por delante dos de los retos más complicados a los que deberá enfrentarse el Gabinete de Sánchez: la reforma del sistema de financiación autonómica y perfilar los andamios del Presupuesto de 2019 con la aprobación del techo de gasto que ha de llevarse a efecto en apenas unas pocas semanas.
La reforma del sistema de financiación autonómica fue acordada en la VI Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 con las ausencias del jefe del Ejecutivo catalán y el lehendakari vasco. Sin embargo, el recrudecimiento de la crisis catalana ha paralizado las negociaciones políticas que ahora Sánchez se ha comprometido a impulsar.
Pero este será, sin duda, un reto más a medio plazo, pese a la urgencia del nuevo presidente catalán porque el Ejecutivo del PSOE lance guiños a la apertura de una nueva era.
El asunto con el que deberá ponerse a trabajar nada más tomar posesión de su cargo es con la elaboración de las cuentas para 2019, ya que antes de finales de julio ha de estar aprobado el techo de gasto de 2019, principal embrión del Presupuesto del próximo ejercicio.
Montero deberá mostrar ahí su capacidad negociadora para contentar con la cifra a las distintas sensibilidades de los grupos políticos que respaldaron el pasado 1 de junio la moción de censura contra Mariano Rajoy. Superado este primer escollo, no será hasta finales de septiembre cuando tenga que remitir el proyecto de ley de presupuestos al Congreso.
Antes de eso deberá resolver la crisis generada por el anuncio del PP de enmendar parcialmente en el Senado los Presupuestos aprobados apenas una semana antes de la moción de censura. Además, partidos que han sido claves en la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa como Unidos Podemos ya han reclamado al jefe del Ejecutivo que apruebe en el primer Consejo de Ministros medidas de claro carácter social que suponen más gasto público.
Sin embargo, Montero deberá compaginar esas exigencias de más gasto social, que algunas sin duda comparte, con la obligación de seguir reduciendo el déficit público. Todo apunta a que este año España abandonará el procedimiento por déficit excesivo al situar su desequilibrio presupuestario por debajo del 3%. El Plan de Estabilidad remitido por el Gabinete de Mariano Rajoy a Bruselas prevé un déficit del 2,2% este año y del 1,3% en 2019, que disminuirá al 0,5% en 2020 para llegar a alcanzar el superávit en 2021.
Una de las principales novedades incluidas en dicho plan de actuación fue la inclusión de un nuevo impuesto que el Gobierno del PP tenía intención de incluir para gravar algunos servicios tecnológicos de las multinacionales.
Montero tendrá de este modo el reto de desarrollar esa nueva figura impositiva de manera urgente, como era la intención de su antecesor Montoro, o bien esperar a que se apruebe la futura normativa comunitaria para gravar a las grandes tecnológicas de forma similar en todos los países.
El Gobierno de Rajoy explicó en su plan que la recaudación de ese impuesto serviría para pagar las pensiones. El PSOE, por su parte, ya anunció este año que para ese mismo objetivo tenía previsto cuando llegara al Ejecutivo crear dos nuevos impuestos. Uno gravaría las transacciones financieras y otro se aplicaría directamente sobre la banca, sendas medidas que ahora tendrá que decidir si pone en marcha.
Además, en su mesa le esperará la tramitación de la proposición de ley presentada hace muy pocos días por el PP, que prevé cambios en la Ley de Haciendas Locales. La norma deberá adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional tratar de cobrar a los contribuyentes por el impuesto de plusvalía municipal cuando en la transacción se pueda acreditar que el inmueble objeto de la misma no ha sufrido ningún incremento de valor.
En clave autonómica, otros dos retos también de calado son, por un lado, la negociación para reestructurar la deuda de algunas comunidades autónomas, proceso al que se comprometió el anterior titular de esta cartera. Y, por otro lado, iniciar los trámites para que las regiones puedan volver a financiarse de manera autónoma en los mercados.
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