El PSOE condiciona la venta de Bankia al tiempo que esté en el Gobierno

Ha insistido en que no quiere “malvender” este banco público

Pretende impulsar las funciones del ICO para apoyar más a las empresas

José Ignacio Goirigolzarri
José Ignacio Goirigolzarri

La banca se ha convertido, como en otras ocasiones, en una pieza destacada dentro de la operativa que pretende activar el PSOE y sus socios en el Gobierno durante su mandato. Su importancia es clave para dentro de la sociedad como intermediario para la financiación de familias y empresas. De ahí que siempre haya ocupado un claro espacio en los distintos programas políticos de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, entre otros. Aunque la visión que tiene cada uno de estos partidos políticos sobre cómo deben desarrollar la función y cómo debe ejercerse el control de las entidades financieras es muy diferente.

Pese a ello, el nuevo Gobierno del PSOE coincide con el ya ex-Ejecutivo del PP en que Bankia debe privatizarse. Pero no están de acuerdo con los tiempos. Mientras que el PP había decidido en 2017 retrasar la privatización de Bankia a diciembre de 2019 (siempre ha sido España la que decidía sobre las fechas de venta), el PSOE ha sido y hasta el momento parece que sigue igual, según aseguraron ayer fuentes socialistas, partidario de retrasar su venta hasta que no se garantice la recuperación de gran parte de las ayudas que recibió, 22.424 millones de euros.

Ayer sus acciones cerraron a 3,31 euros por títulos, con un descenso del 0,84%. Su última colocación en diciembre de 2017 se hizo a un precio ligeramente superior a los 4 euros por acción.

De cualquier forma, el retraso en su venta también había comenzado a planear sobre el FROB desde hace algún que otro mes ante la baja cotización de los títulos de Bankia.

Su capitalización ascendía el lunes a 10.220 millones de euros. A esta cifra habría que añadir 2.122 millones de euros obtenidos con la venta del 14,5% del capital de Bankia (entre 2014 y 2017), y los 535 millones abonados por la entidad en dividendos, y que se encuentran en su matriz, BFA.

De momento, fuentes del PSOE aseguraron ayer que la privatización de Bankia está en función del nuevo ministro de Economía, y del tiempo que tenga para llevar a cabo esta privatización. Pese a todo, mantienen que no quieren malvender.

Cierto es, no obstante, que también influirá la presión que ejerza su socio político Podemos, grupo partidario de crear una banca pública alrededor de Bankia, aunque la idea del grupo socialista no es eternizar Bankia bajo el paraguas público. “Todo es cuestión de tiempo”, mantienen fuentes de este partido.

Mientras, la cúpula de Bankia se mantiene expectante, y espera que más pronto que tarde el PSOE explique sus planes sobre la entidad. El Gobierno controla el 61% del capital de Bankia.

Dentro de los planes para la banca que está bajo la órbita del Gobierno también se incluye al Instituto de Crédito Oficial (ICO). En este caso, Podemos asegura en su programa electoral que mantendría al ICO como banco público para la financiación de las empresas.

Sería una banca pública de inversión, con gestión independiente del Estado. El ICO asumiría así riesgos que la banca privada no puede, explicaron desde Podemos en las últimas elecciones generales de hace dos años. Este banco público se encargaría de la financiación de las empresas. Sería una banca pública de inversión, con gestión independiente del Estado.

El PSOE también buscaría impulsar el ICO como instrumento para financiar a las empresas y a los autónomos, lo que les permitiría afrontar proyectos de inversión o sus necesidades de liquidez y colaborar con las agencias autonómicas que disponen de fondos propios para ello. El nuevo Gobierno también designará a un nuevo presidente para este organismo, ya que depende directamente del Estado.

Entre sus planes también está la creación de dos nuevos impuestos a la banca y a las transacciones financieras, cuyo objetivo es financiar el déficit de 18.000 millones de la Seguridad Social. El primero de estos impuestos directos al sector bancario supondría un recargo del 8% sobre el impuesto de sociedades de las entidades financieras.

Este impuesto, anunciado por Pedro Sánchez, hace ya unos meses, ha sido rechazado por todas las entidades financieras que no consideran justo que su operativa sea gravada con más tasas que al resto de las empresas españolas. Lo consideran discriminatorio, a la vez que asegura que puede ser un desincentivo para conseguir nuevos inversores en su capital. Este impuesto, no obstante, ya existe en el Reino Unido, y se aplica de forma similar.

El segundo tributo, que gravaría las transacciones financieras y que se aplicaría a la compraventa de activos de empresas con una capitalización de más de 1.000 millones de euros. Con ambos impuestos, el PSOE calcula que se recaudaría unos 1.700 millones anuales. 

¿Y sobre Sareb?

Planes para Sareb. Cuando el PSOE ha hecho referencia a Sareb en su programa electoral, siempre lo ha hecho en referencia a la problemática de la vivienda, ante la constancia de que una parte de su cartera son activos residenciales. El 80% de lo que recibió el conocido como banco malo de las cajas nacionalizadas o con ayudas fueron préstamos, mientras que el otro 20% solo la mitad eran viviendas.

Supranacional. El Estado tampoco tiene mucho margen de maniobra en Sareb, según explican fuentes financieras, que recuerdan que esta firma cuenta con un 51% de capital privado y un 49% de capital público. Uno de los objetivos de Sareb es pagar los bonos que suscribieron las entidades que traspasaron sus activos inmobiliario a la firma que preside Jaime Echegoyen. De momento, no obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha comunicado nada sobre el futuro de este banco malo.

Programa. Sareb tiene en marcha desde 2014 un programa de cesión de hasta 4000 viviendas a las comunidades autónomas y Ayuntamientos para que se destinen a uso social. Tiene acuerdos con el ayuntamiento de Madrid y de Barcelona, además de con Andalucía, Canarias, Castilla Extremadura, Aragón y Galicia, entre otras.

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