La Audiencia Nacional tramita 259 recursos contra la resolución de Popular

El FROB dice que con la intervención "fue puesto a prueba por primera vez" el proyecto de la Unión Bancaria

El Estado solo ha recuperado solo un 10% de las ayudas públicas inyectadas a la banca

Letrero de un logotipo en una oficina de Banco Popular
Letrero de un logotipo en una oficina de Banco Popular Getty Images

El Estado ha recuperado 5.911 millones de euros de las ayudas públicas concedidas a la banca hasta finales de 2017, lo que supone únicamente el 10% de los más de 59.036 millones recibidos principalmente por las cajas de ahorros a través de inyecciones de capital y garantías concedidas a los compradores, según consta en la memoria anual del FROB publicada ayer.

Es cierto que en este dinero recuperado no se incluyen los más de 2.122 millones obtenidos con la venta del 14,5% del capital de Bankia (entre 2014 y 2017), ni 535 millones abonados por la entidad en dividendos, ya que ese dinero se mantiene en su matriz BFA, controlada al 100% por el Estado.

Las ayudas mediante compra de acciones, participaciones preferentes o emisiones de convertibles ascendían a 56.545 millones al cierre del pasado ejercicio, a las que hay que sumar 2.491 millones en esquemas de protección de activos (EPA) o garantías que blindan a los grupos que compraron las entidades que necesitaron capital público. En total, ambas partidas suman 59.036 millones de euros.

La parte más significativa de los fondos recuperados por el Estado procede de intereses cobrados por las ayudas, 1.434 millones. A los que se suman 977 millones por la venta de Banca Cívica, 800 millones por Cajasur, 783 millones por Novacaixagalicia y 782 millones por Catalunya Caixa.

Completan la partida del dinero recuperado los 604 millones devueltos por Unicaja de las ayudas a Ceiss en forma de bonos convertibles en acciones (cocos); 407 millones reintegrados por Ibercaja de los cocos de Caja3, y 124 millones devueltos por Liberbank.

En el caso de las garantías, que suman 2.491 millones, el EPA concedido a CaixaBank en la compra de Banco de Valencia es el que tiene mayor coste hasta ahora, 666 millones (en 2018 el coste de las garantías seguirá aumentando porque tiene previsto pagar 37 millones de euros más a CaixaBank por créditos deteriorados de Banco de Valencia), seguido del aprobado para BBVA por la adquisición de Catalunya Banc, que asciende a 526 millones de euros. En esta última partida, no obstante, hay que tener en cuenta que se incluyen las ayudas al fondo Blackstone por comprar una cartera de créditos morosos de Catalunya Banc antes de su traspaso a BBVA, que solo en 2017 costó al FROB 37,5 millones.

La memoria recuerda que Bankia ha devuelto 1.847 millones a los accionistas por su salida a bolsa y 170 millones al 3 % de los clientes que tenían hipotecas con cláusulas suelo.

Y añade que Bankia cuenta con una provisión de 2.910 millones de euros, de la que ha consumido 2.719 millones para compensar a quienes adquirieron participaciones preferentes o deuda subordinada.

El informe del FROB también recoge parte de la operativa en la resolución de Banco Popular el pasado año. Explica que la Audiencia Nacional tramita hasta la fecha 259 recursos contencioso-administrativos sobre la resolución. Y añade que la Audiencia está dictando los respectivos autos acordando suspender su tramitación hasta que recaiga resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) del 7 de junio en la que se adoptó la resolución sobre el banco, y que penden en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Revela que contra esta resolución se interpusieron 114 recursos potestativos de reposición, de los que no ha prosperado ninguno, “siendo todos ellos objeto de inadmisión o desestimación” por el FROB.

El organismo que preside Jaime Ponce reconoce que 2017 quedará como un “año crucial” en la historia del FROB y del Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) en el que se integra. Así, recuerda que el MUR, “y con él el proyecto mismo de unión bancaria, fue puesto a prueba por primera vez” en junio de 2017 con la resolución de Popular.

“Quizás por la acumulación de experiencia práctica, desde FROB siempre hemos reconocido la enorme severidad de las facultades que la norma atribuye a las autoridades de resolución y hemos sido conscientes de que nuestra intervención se desenvuelve en contextos críticos y supone la aplicación de medidas muy rigurosas que generan perjuicios, que son especialmente sensibles cuando hay muchos minoristas afectados por la quiebra de un banco”, argumenta el FROB. Pese a ello, asume la responsabilidad institucional de servir, por mandato legal, a un bien público superior como es la protección de la estabilidad financiera, de los depositantes y, en última instancia, de todos los ciudadanos, evitando el uso de recursos públicos.

“En este sentido, incluso en un escenario como el enfrentado en junio del pasado año, que se caracterizó por una extrema urgencia y, por tanto, complejidad, no podemos sino manifestar que la JUR cumplió adecuadamente con su cometido último, evitando que la inviabilidad de un banco privado lesionara un interés público superior”, declara.

Este organismo dependiente de Economía también puso en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada 57 informes en relación con operaciones que pudieran ser constitutivas de delito realizadas en entidades con ayudas.

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