La mentira y la libertad
El debate sobre la manipulación informativa ha impactado en la primera línea de la política internacional
La mentira ha sido, en muchas ocasiones, un poderoso catalizador de reflexiones jurídicas y transformaciones políticas. El 13 de enero de 1898, Émile Zola publicaba en el diario L'Aurore un impactante artículo que el medio tituló "J'accuse" y que pretendía denunciar una colosal mentira difundida por la prensa antisemita de finales del siglo XIX, sobre la que se había construido la acusación de espionaje y traición contra el capitán Alfred Dreyfus. Mucho más allá del caso concreto, este episodio demostró que la mentira divulgada por la prensa podía ser un arma poderosa de manipulación política y social, provocando un debate de enorme calado, que llegó a afectar a los cimientos mismos de la III República francesa.
La libertad de información es un auténtico nutriente del principio democrático pero el alcance de su defensa ha estado siempre ligado al debate sobre la exigencia de decir la verdad o, según la acertada expresión del artículo 20.1. c) de la Constitución española, sobre la exigencia de veracidad de la información. Así, nuestra Constitución reconoce el derecho a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", lo que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional como exigencia de veracidad en sentido subjetivo.
La mentira queda fuera de la protección que dispensa nuestro sistema de libertades sin que por ello llegue a imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho pues ello supondría, en palabras del Tribunal Constitucional, que "la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio".
La diferencia entre la época en que el Tribunal construía su certera doctrina y la actual la encontramos en ese mar de hiperinflación informativa en el que chapoteamos los ciudadanos de la sociedad digital, expuestos a cientos de impactos cada día, sin capacidad para distinguir fácilmente la verdad del error y el error de la mentira. La desinformación y la manipulación son palancas de influencia tan antiguas como los conflictos; lo único nuevo es que ahora están al alcance de cualquiera y permiten la reverberación de sus efectos a una escala difícil de imaginar hace solo unos años.
El debate sobre la manipulación informativa ha impactado en la primera línea de la política internacional a medida que se conocían los primeros resultados de las investigaciones realizadas para desvelar estrategias de injerencia organizadas con la finalidad de influir o generar inestabilidad.
La Unión Europea no ha podido permanecer al margen de este serio cuestionamiento de los cimientos de la libertad informativa, con un alcance especialmente grave en el terreno electoral, donde la calculada difusión de informaciones falsas puede llegar a comprometer la pureza y la libertad misma de las contiendas electorales, con gravísimas consecuencias para la estabilidad democrática.
El grupo de alto nivel sobre noticias falsas creado en enero de 2018 por la Comisión Europea presentó su informe en marzo, anticipando una nueva encrucijada constitucional consistente en la posible colisión entre los mecanismos que pretenden expulsar las mentiras del ecosistema digital y la necesaria protección de la libertad de expresión que, por definición, difícilmente puede someterse a "tribunales de la verdad".
La mitosis de la mentira ha convertido nuestra recién estrenada ciudadanía digital en un entorno de incertidumbre en el que tenemos la mayor capacidad de acceso a la información de todos los tiempos y, a la vez, somos más manipulables que nunca.
En la medida en que todavía valoramos profundamente la conquista histórica de nuestras libertades, hay una clara preferencia por las soluciones que lleguen de la mano de la autorregulación, la exigencia de máxima transparencia en el origen de lo que se publica o en el propio rigor impuesto por los profesionales de la comunicación y los medios. De este modo, trataremos de garantizar al mismo tiempo la protección de las libertades públicas esenciales y la legítima exigencia de veracidad de una sociedad que aspira no solo a estar "hiperconectada", sino, ante todo, bien informada.
Francisco Martínez Vázquez es diputado, exsecretario de Estado de Seguridad y profesor de Derecho Constitucional