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Las infraestructuras impulsan una nueva economía integradora

Frente al concepto asistencialista, los proyectos buscan soluciones y sinergias a largo plazo

Infraestructura de tratamiento de agua de la compañía Acciona.
Infraestructura de tratamiento de agua de la compañía Acciona.
Rafael Durán Fernández

La dotación de infraestructuras es básica para el desarrollo de los países, contribuye a fomentar ventajas competitivas y mayor especialización productiva, además de constituir un elemento central de la integración del sistema económico y territorial. Pero este tipo de intervenciones tienen un impacto ambiental y social, afectando a la población donde las infraestructuras se asientan.

Atender a las necesidades de las comunidades locales es, así, una parte fundamental de los proyectos de desarrollo de infraestructuras. Y si bien hasta hace poco tiempo estaba basada en una mentalidad asistencialista, en los últimos años ha cambiado hacia un concepto que incluye la participación y la integración de las comunidades locales.

“Frente a un concepto asistencialista de las comunidades locales –hago una carretera o una central hidroeléctrica y doy a las comunidades un cierto dinero y recursos–, se buscan soluciones y sinergias sostenibles a largo plazo”, comenta Lucas de Haro, director for Americas and new markets de la compañía de ingeniería Eptisa. “Hay muchos ejemplos, y es una cosa que yo he vivido, en los que das dinero para tener contenta a la población, a los seis meses ese dinero se lo han quedado los líderes de la comunidad, no fluye hacia ella y vuelves a tener el mismo problema: las obras paradas, la gente está descontenta, etc.”, explica De Haro.

“Contar con las comunidades locales se ha convertido en una cuestión decisiva, sin la cual los proyectos no salen”, afirma Lucas de Haro, de Eptisa

Es lo que desde Acciona, empresa española de promoción y gestión de infraestructuras y energía renovables, consideran “una nueva economía integradora, que debe suponer un cambio de paradigma en la manera de concebir los proyectos de infraestructuras”. Un nuevo modelo de desarrollo que tiene en consideración a las comunidades locales, ayudándolas en su desarrollo y preocupándose de sus necesidades.

Acciona, que en el último año ha implantado 87 proyectos de infraestructura en 30 países, pone dos ejemplos basados en esta filosofía: el metro de Quito, en Ecuador, y una central termoeléctrica en Kathu (Sudáfrica). La compañía tiene su propio procedimiento de evaluación de impacto social y de seguimiento. “Desde el primer momento se identifican cuáles son las comunidades afectadas por el proyecto y tras esta primera fase se llevan a cabo procesos participativos, estableciendo medidas sociales previamente acordadas con las propias comunidades, a las que se ha escuchado y se ha tenido en consideración su opinión”, señalan desde Acciona. De esta forma la compañía consigue que el desarrollo de un proyecto no impacte negativamente en las comunidades locales, consiguiendo además que estas obtengan un beneficio.

“Contar con las comunidades locales se ha convertido en una cuestión decisiva, sin la cual los proyectos no salen”, asevera De Haro. “Y esas soluciones han de ser de largo plazo, en que de verdad hay una asociación entre las comunidades y la empresa”.

Intereses mutuos

En el proyecto Low Carbon Economy, que lleva a cabo la propia Eptisa y que está financiado por la UE en el marco de una nueva herramienta de cooperación llamada partnership instrument, se apuesta también por la colaboración. “Básicamente es una herramienta que abandona el tipo de cooperación asistencialista tradicional hacia países en desarrollo, centrándose también en países ya de renta media, y lo que busca son los intereses mutuos tanto de la UE, como financiador, como del país receptor en términos comerciales y financieros. El objetivo final de este acuerdo es la reducción de las emisiones de carbono”, explica Luca Ruggiero, ejecutivo de negocios para el desarrollo de Eptisa.

Los sectores industriales en los que se han priorizado estas intervenciones son eficiencia energética, gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales. “El resultado final es que una empresa europea vende una tecnología cuyo impacto final es la reducción de las emisiones de carbono a una empresa mexicana, que implanta esta tecnología. La empresa europea aumenta su nivel de internacionalización y exportación y la empresa mexicana recibe una tecnología que le permite mejorar el impacto medioambiental, generando puestos de trabajo, etc.”, continúa Ruggiero.

Esta iniciativa de la UE, como remarca De Haro, va un paso más allá, no es solo el impacto de una gran inversión de infraestructura, energía o urbanismo, “sino que se ha convertido en un proyecto de fomento empresarial a pequeñas y medianas empresas poniendo en contacto un país desarrollado con otro en desarrollo. Un paso de madurez en el concepto de economía social y economía sostenible”.

Colaboración

Canadá. Por ley, en Canadá, cualquier desarrollo que se haga requiere la aprobación de las comunidades locales. “Sin esta aprobación no hay permisos para construir los proyectos, directamente”, afirma Lucas de Haro, de Eptisa. “Son acuerdos confidenciales, muy avanzados, que implican, por ejemplo, pago de beneficios durante toda la vida de operación del proyecto, que les permite en muchos casos participar activamente en su construcción. En muchos casos se reclama formación, etc.”, explica De Haro.

ONG. Las ONG de ayuda al desarrollo llevan a cabo muchas veces proyectos que podrían considerarse de infraestructuras. Es el caso de Cesal. Esta ONG desarrolló hasta 2013 un proyecto en Portoviejo, Ecuador, para recuperar una zona marginal, en una loma en la que había viviendas (más de 180) en riesgo y reubicarlas, según un plan de desarrollo urbano elaborado junto al municipio. “Los riesgos se hicieron evidentes en el terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó a Ecuador. Las viviendas y construcciones hubieran caído con pérdidas materiales y sobre todo humanas”, asegura David Bravo, director de estrategia e innovación de Cesal. “La cuestión era diseñar un sistema de reubicación que permitiera seguir siendo comunidad, manteniendo sus relaciones de amistad y familiaridad, su estilo de vida y sus hábitos cotidianos”.

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Sobre la firma

Rafael Durán Fernández
Lleva más de una década a cargo de los temas de sostenibilidad en la sección de Buen Gobierno, tarea que compagina con la edición de CincoDías. Aterrizó en el periódico en el año 2000 y pasó una temporada en la sección de Opinión. Antes, en El Siglo de Europa y El Nuevo Lunes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

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