Los juristas rechazan los ataques a los abogados en los crímenes mediáticos
Muchos letrados se ven intimidados por la presión de la opinión pública Los expertos piden pedagogía sobre la presunción de inocencia
La especial cobertura en los medios de comunicación de sucesos tan graves y reprochables como el asesinato del pequeño Gabriel o el de Diana Quer, hace que en muchos casos el público asocie a los abogados que defienden a los acusados como auténticos sospechosos. Sin embargo, poner en tela de juicio el derecho de defensa de cualquier acusado incluso de los delitos más horribles tiene consecuencias para toda la sociedad.
Así lo explicó el abogado penalista Endika Zulueta en la primera jornada de "Aula de Debate: Justicia, Abogacía y Sociedad" celebrada en el Colegio de Abogados de Madrid, en la que quiso resaltar que la sociedad no comprende que el derecho de defensa es un derecho fundamental que como tal nos pertenece a todos, "si se vulnera el derecho de defensa de una persona se nos vulnera a todos".
"Si el abogado es combatido, destruido, condenado o reprobado eso no supone no solo un ataque a la abogacía sino un deterioro al Estado de Derecho" indicó el presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Beltrán, para describir la repercusión que tienen las presiones a las que se ven sometidos los abogados de la defensa en los procesos penales. A lo que añadió que "sin defensa, el juez nunca podría dictar una resolución verdaderamente justa".
En su intervención, el magistrado describió cómo los abogados a veces se encuentran con situaciones difíciles de defender porque la sociedad tiende a demonizar ciertos delitos en determinados momentos históricos: terrorismo, tráfico de drogas, delitos contra la libertad sexual y ahora, los delitos de violencia contra los que se consideran más débiles como los niños o las mujeres.
Todo ello, provoca que se debilite la carga de la prueba, ya que se demoniza a quien está acusado de haber cometido los hechos delictivos, así como a quien le defiende. Y es que tal y como indicó Zulueta al presentar como monstruos a los presuntos autores de estos graves crímenes se les deshumaniza, "y quien no es persona no tiene derechos"
Poderes públicos
Según, Zulueta, que defendió a Mohamed El Egipcio al que apuntaron como supuesto cerebro del brutal atentado de Atocha y que finalmente fue absuelto, los poderes públicos son los máximos responsables de esta confusión. En su opinión, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comunican una detención, dan por hecho la culpabilidad del arrestado sin que exista una sentencia firme que así lo determine con expresiones del tipo: "detenido el homicida" o "desmantelada una red de narcotráfico", y esos mensajes son los que llegan, primero a los medios de comunicación y después a toda la sociedad.
Por todo ello, Zulueta propuso que los poderes públicos asuman la obligación que impone la Directiva 2016/343 que regula la presunción de inocencia en Europa, y presenten a los investigados siempre como inocentes. Además, planteó que desde las instituciones se extienda una mayor cultura en derechos fundamentales. Una labor pedagógica que la periodista Cruz Morcillo también atribuyó a los medios de comunicación, con el fin de que la sociedad asuma que los abogados de la defensa son operadores esenciales para el Estado de Derecho.
Medios de comunicación
Morcillo también destacó casos muy conocidos de abogados sometidos a una gran presión mediática y social, como el de José Ramón Sierra abogado de El Chicle o Esteban Hernández que defiende a la presunta asesina del pequeño Gabriel. Asimismo, reconoció el papel de los programas de sucesos de la televisión, cada vez más habituales por sus importantes audiencias, en fomentar este rechazo por quienes defienden a los acusados. "La gran carga emocional de los casos que se analizan en estos espacios y la absorción que tiene la imagen", explicó, "condiciona todo lo que se cuenta y cómo se cuenta, alimentando una cierta animadversión contra los abogados defensores".
Asimismo, hizo hincapié en que muchas veces la labor de los letrados de la defensa no se reconoce como se debería, en particular para los abogados de oficio. Y lamentó que el elogio del Tribunal Supremo a la defensa del llamado "pederasta de Ciudad Lineal" por parte de Cristóbal Sitjar Fernández no trascendiera más.
Su medio de vida
Uno de los problemas de la reprobación social a los letrados que defienden a presuntos criminales de determinados delitos especialmente reprochables, es, tal y como expuso el magistrado Beltrán, que "se arriesgan a perder clientes, y por tanto, su medio de vida".
Por ello, como reconoció Raúl Ochoa, diputado del ICAM, muchos abogados se niegan a llevar asuntos penales por temor a que se les asocie con el comportamiento o la actitud que presuntamente se le atribuya a su defendido. "Defender a una persona no significa que compartamos nada con ella, sino que ponemos a su servicio los conocimientos que tenemos para proporcionarle la mejor defensa posible, ya que ésta es nuestra obligación como abogados" proclamó.