La cadena alimentaria europea enfrenta a distribuidores y productores en España
Ambas partes rechazan, unos por tímida y otros por excesiva, la nueva directiva Esta plantea acabar con prácticas consideradas abusivas que perjudican a los pequeños productores agrícolas
La directiva europea que regulará la cadena alimentaria en el conjunto de la UE, y que el Comisario de Agricultura Phil Hogan presentó el 12 de abril, se ha encontrado con el rechazo frontal de productores y distribuidores del sector en España, aunque por motivos diferentes.
Hogan desplegó sus propuestas para luchar contra las prácticas desleales en la cadena de suministro de la alimentación, centradas en los abusos que sufre el pequeño agricultor y productor. “A menudo, estos carecen de poder de negociación y alternativas para llevar sus productos a los consumidores”, reza la directiva.
Entre esas conductas, incluye los pagos atrasados de productos perecederos, las cancelaciones de última hora, los cambios unilaterales en los contratos, u obligar al proveedor a pagar por los productos desperdiciados. En la propuesta se incluye que los Estados designen una autoridad pública que haga cumplir las normas y aplique sanciones. La ley española de cadena alimentaria, en vigor desde 2013 y sobre la que se inspira esta directiva, vino de la mano de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano que realiza esa función de seguimiento.
La patronal de los supermercados de España, Asedas, cree que la norma es “discriminatoria y poco eficaz”, dado que “da por hecho que las prácticas comerciales son unidireccionales”. Explican que con la nueva directiva los compradores no podrán romper un contrato de forma unilateral, pero sí podrán hacerlo los vendedores. En Asedas creen que la ley española es más equilibrada: “Si se aprueba este texto, la norma permitirá que los vendedores puedan aplicar prácticas comerciales abusivas sobre los compradores con total impunidad”, cree Ignacio García Magarzo, director general de Asedas.
Para la principal asociación de agricultores, COAG, la directiva se queda corta, al no abordar la venta a pérdidas o los retrasos al pagar productos no perecederos. Según su responsable de acción sindical, Andoni García, “la actuación se queda lejos de lo esperado”. Tras su presentación, la directiva pasa a ser debatida por el Parlamento y el Consejo Europeo.