Sareb destapa 18 operaciones irregulares con perjuicio de 355 millones

Un exdirector del FROB dice que las cajas no eran dirigidas por las personas adecuadas

Castells dice que el supervisor pudo hacer más para frenar la crisis

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, y la presidenta de la comisión, Ana Oramas, de Coalición Canaria, durante la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera
El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, y la presidenta de la comisión, Ana Oramas, de Coalición Canaria, durante la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera EFE

El ex director general del FROB y de supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, denunció ayer en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, la “falta de control en los nombramientos de las personas que formaban parte de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros”. Explicó que “los criterios de nombramiento no eran los más adecuados”, y reconoció que en la actualidad “esto se ha mejorado en general y hay unos controles de la idoneidad de las personas que están en los órganos de Gobierno”.

También reconoció que había que haberse evitado la burbuja inmobiliaria antes de 2008. Aseguró que el Banco de España ya había visto el elevado crecimiento del crédito y del precio inmobiliario, pero “se pensó que habría un aterrizaje suave”, fue, añadió, “un error de diagnóstico” y también “falta de herramientas”. Sobre Banco Popular explicó que ya daba muestras que debilidad en 2008 ante su alta concentración inmobiliaria. Por esta razón acudió tres veces desde 2012 a 2016 al mercado para pedir capital, y realizó saneamientos por 30.000 millones de euros (el 10% del total del sector).

Herrera indicó que es importante no repetir los errores del pasado y habló de la necesidad de controlar las retribuciones de las entidades financieras.

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, aseguró, por su parte, que el banco malo ha trasladado a la Fiscalía 18 operaciones presuntamente irregulares detectadas en los activos financieros e inmobiliarios que le traspasaron en 2013 las nueve entidades financieras que recibieron ayudas públicas, y que habrían causado un perjuicio de unos 355 millones de euros. Alguna de estas irregularidades, por lo menos una, coinciden con las que el FROB denunció en su día. Aunque Echegoyen no concretó a qué entidades corresponden esas operaciones supuestamente irregularidades, Sareb recibió activos de Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia, Banco Gallego, Banco de Valencia, BMN, Liberbank, Caja 3 y Ceiss.

Echegoyen explicó que el banco malo ha cancelado 12.906 millones, el 25% de los bonos emitidos para adquirir los activos y ello fue posible porque la actividad de gestión y desinversión desde su creación ha generado 20.700 millones en ingresos. Además, en este primer tercio de vida de Sareb se ha liquidado el 27% de su cartera de activos.

El ejecutivo también recordó que Sareb ha aprobado poner a disposición de las comunidades y ayuntamientos un parque de 4.000 viviendas, de las que ya hay comprometidas a día de hoy 2.360. Los convenios suscritos con 10 comunidades autónomas y 6 ayuntamientos benefician a unas 5.900 personas, explicó. Aclaró, además, que el perfil actual de la cartera de Sareb está constituido por un 30% de inmuebles y un 70% de préstamos. Declaró que Sareb ha destinado desde 2013 un total de 2.048 millones al pago de tributos, comunidades de vecinos y los servicios necesarios para garantizar el buen estado de su cartera.

Los representantes de distintos grupos parlamentarios, sobre todo Ciudadanos, cuestionaron al presidente de Sareb sobre la incorporación de la expresidenta (desde su creación, en 2012, hasta enero de 2015) de la sociedad, Belén Romana, al consejo de Santander, accionista del banco malo. Ante estas cuestiones Echegoyen respondió “no hay ninguna persona de la compañía que esté atada para el resto de su vida”.

Preguntado sobre la contratación de un derivado financiero (en la etapa de Romana) para la cobertura de tipos (swap), que impidió a Sareb ahorrar en costes financieros al no poder beneficiarse de la caída del euríbor, índice al que estaba referenciado, reconoció que la sociedad se benefició de la caída de tipos de interés, aunque “se podría haber beneficiado más”. Sobre la posibilidad de cancelar ese swap, explicó que porque el coste de hacerlo rondaría los 1.900 millones de euros. “Evidentemente no lo vamos a hacer porque nos dejaría en una situación lamentable”, respondió para añadir “no parece razonable” hacerlo “cuando ha terminado la tormenta”.

Echegoyen también afirmó que desde la firma no esperan “ningún recurso adicional” por parte de sus accionistas (la banca y el Estado), según un análisis realizado en un escenario “prudente”. Si bien matizó que no se puede decir que la inversión hecha vaya a ser plenamente recuperada, aunque desde Sareb se gestionará para que se recupere la mayor parte.

El exconsejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antonio Castells, manifestó en el Congreso que el Banco de España tenía instrumentos para haber frenado la burbuja de crédito inmobiliario. “Yo recuerdo a antiguos gobernadores del Banco de España que cuando veían que la cosa se desmadraba cogían a los responsables de los bancos y les decían: tu crédito no puede crecer más del tanto por ciento. O podrían haber dicho que, a partir de ahora, cada crédito se provisiones al 100%. Esto se habría frenado”, aseveró. Además, declaró que en 2006 ya había señales de un cambio de ciclo, por lo que lamentó que no se actuara “inmediatamente y con potencia de fuego excesiva”. 

La JUR y el ‘caso Popular’

La presidenta de la Junta Unica de Resolución (JUR), Elke König, consideró ayer “altamente improbable” que el informe final sobre la resolución del Banco Popular obligue al organismo que dirige a compensar a sus accionistas y bonistas.

Deloitte. La consultora Deloitte está eaborando un informe para determinar si los accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión con la resolución del banco por parte de la JUR en junio de 2017 hubieran recibido un trato más favorable si se hubiera declarado la insolvencia de la entidad mediante la legislación nacional. En este caso, correspondería al Fondo Único de Resolución (FUR) asumir la compensación a los tenedores de deuda, un escenario que Konig ve “altamente improbable”, si bien precisó que la consultora que elabora el informe es “independiente, dijo König en un encuentro con la prensa en Bruselas.

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