La Unión Internacional de Magistrados condena los ataques contra la judicatura española

La independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho

La seguridad de los jueces y sus familias es un requisito previo esencial

La detención de Carles Puigdemont en Alemanía y su posterior puesta a disposición judicial para tramitar la orden de detención y entrega firmada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha tenido repercusiones, principalmente, entre el sector independentista, que se ha movilizado para pedir su liberación. No todas las manifestaciones se han desarrollado pacíficamente, y hemos asistido a actos de vandalismo y violencia perpetrados en diferentes tribunales de la región de Cataluña y también cerca de la casa de un Magistrado del Tribunal Supremo.

A la luz de estos hechos, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), organización internacional profesional apolítica, fundada en Salzburgo (Austria) en el año 1953 y formada por diversas asociaciones judiciales, ha emitido un comunicado en el que hacen pública una Declaración en la que se pide respecto a la justicia española en la investigación del caso de Cataluña y apuntan que la libertad de expresión no puede justificar la violencia física ni amenaza a jueces en cualquiera de sus manifestaciones.

En primer lugar, la asociación apunta que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho, lo que implica que los jueces deben poder desempeñar sus funciones sin presiones indebidas o sin cualquier coacción o amenaza, explícita o implícita.

Se afirma a continuación que la seguridad de los jueces y sus familias es un requisito previo esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier sistema judicial, y que la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de un sistema democrático, no puede utilizarse, de ninguna forma o medio, para la intimidación personal de los jueces.

En consecuencia, reafirmando su punto de vista apolítico y neutral y sin interferir en el debate político en curso en España, la UIM condena pública e inequívocamente estos ataques contra la judicatura española. Además, expresa su solidaridad a los jueces españoles, especialmente aquellos que trabajan en Cataluña.

Finalmente, la Unión Internacional de Magistrados apela formalmente a las autoridades españolas para que garanticen una total protección a los jueces afectados, en particular al que fue directamente atacado y a todas sus familias.

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