Los tribunales suspenden la retirada de la concesión de los túneles de Madrid a Dragados
El consistorio los intervinó por las "constantes incidencias ocasionadas por filtraciones en varias de estas infraestructuras" La empresa recurre la decisión ante el juez de lo contencioso-administrativo
de la capital ante la negativa de la compañía a ejecutar obras de mantenimiento, después de que la empresa recurriese la decisión del gobierno de Manuela Carmena.
Según ha confirmado a Efe fuentes municipales, los juzgados de lo contencioso administrativo número 6 y 23 han dictado una medida cautelarísima que paraliza la decisión y que concede al Consistorio un plazo para justificar la aplicación de la retirada temporal de la concesión a Dragados.
El Ayuntamiento de Madrid tomó hace dos semanas la decisión, dada a conocer hoy, y que afecta a túneles de la capital como el de Pío XII y el de plaza de Castilla, ante la negativa de la empresa a realizar las obras de mantenimiento necesarias para abrirlos al tráfico de forma segura.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), José Manuel Calvo, ha dicho a los periodistas que está a la espera de lo que digan los tribunales para adoptar "las siguientes medidas", en referencia al inicio de unas obras que están presupuestadas y que oscilan entre los 10.000 euros y
los 50.000 por cada túnel.
"Son muy sencillas de ejecutar: se trata de sustituir las canaletas por las que circula el agua", ha precisado Calvo sobre estas obras que, ha indicado, son "imprescindibles para el buen funcionamiento de los túneles" y son de "urgencia máxima" ya que el cierre de estas vías genera
muchos problemas de atascos.
El Ayuntamiento podría iniciar estas actuaciones en cuanto tenga el visto bueno del juez, según el concejal del gobierno de Manuela Carmena, que no ha interpuesto de momento ninguna sanción a la empresa concesionaria ni le ha abierto expediente por el incumplimiento del contrato.
Según el delegado, la negativa de la empresa a ejecutar las obras no implica un incumplimiento del contrato, que tendría consecuencias "más graves" que podrían llegar hasta a la rescisión unilateral, sino que el Ayuntamiento evalúa ahora si es motivo para interponer sanciones.