La excúpula de Catalunya Caixa dice al juez que el Banco de España conocía las operaciones “irregulares”
Sostiene que fue el traspaso de activos a Sareb lo que desató el agujero de 720 millones por inversiones en ladrillo Serra, acusado de administración desleal, se declara "tranquilo" y dice que el proceso "acabaré bien"
“He entrado muy tranquilo y he salido más tranquilo aún”, ha declarado este martes a la prensa el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra tras declarar algo más de una hora como imputado en la Audiencia Nacional por el agujero de 720 millones ocasionado en la caja por operaciones inmobiliarias irregulares.
"Esto acabará bien", ha vaticinado Serra al abandonar la Audiencia tras prestar declaración ante el juez Ismael Moreno que también ha citado a otros 14 miembros de la antigua cúpula de la malograda entidad financiera. Serra, que antes fue vicepresidente del Gobierno socialista de Felipe González, ha comparecido acompañado del abogado Pau Molins, que ya defendió a la Infanta Cristina de Borbón.
Se enfrenta a una acusación de administración desleal por una serie de operaciones irregulares relacionadas por el ladrillo que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció a la Fiscalía Anticorrupción tras hacerse cargo de la entidad rescatada, ya constituida como Catalunya Banc.
El fiscal entiende que hubo "notables irregularidades" en la gestión de la entidad, que acabó requiriendo 13.600 millones de euros de fondos públicos en el rescate financiero más oneroso hasta la fecha (solo el de Bankia lo supera en volumen) y fue vendida a BBVA por 1.130 millones.
En concreto, la investigación apunta a que Catalunya Caixa adquirió terrenos no urbanizables en España, Portugal y Polonia, sin contar con tasaciones independientes, comprándolas a una sociedad inmobiliaria asociada, Procam (Promotora Catalunya Mediterránea). El fiscal también subraya que está operativa se aprobó por decisión de la comisión ejecutiva y sin consultar al consejo de administración.
Estas operaciones inmobiliarias acabaron menoscabando el beneficio de la entidad, generando un agujero de 720 millones de euros que contribuyó a la debacle de Catalunya Caixa, según el fiscal Ignacio Stampa.
Tras Serra, ha entrado en la Audiencia Nacional el exdirector general de la entidad Adolf Todó, citado a declarar como investigado a las 11 de la mañana, una hora después que el expresidente. También ha sido citado este martes el exdirector general José María Loza.
Argumentos de defensa
Los imputados, según revelan fuentes cercanas a su defensa, han coincidido en declarar ante el magistrado que el Banco de España estaba al tanto de toda su operativa, que la entidad estaba sujeta a inspección, y que el supervisor avaló la etapa de inversiones inmobiliarias que todo el sector acometió antes de la crisis y el cambio de modelo a partir de 2008.
En todo caso, Todó ha apuntado que incluso en los primeros años de crisis el Ejecutivo socialista de la época apuntó a la existencia de "brotes verdes" que hacían pensar que la luz al final del túnel estaba más cerca de lo esperado.
Más allá, los investigados han señalado que se hicieron más de 600 operaciones inmobiliarias de este tipo, a través del socio Procam, y que solo 32 salieron mal y amenazan con sentarles en el banquillo.
Remachando que incluso algunas desinversiones estuvieron consensuada con el supervisor bancario, las defensas de los imputados sostienen que fue el traspaso de los activos problemáticos a Sareb, realizadas con descuento, fue el detonante del agujero posteriormente denunciado por el FROB ante la Fiscalía.
Los investigados subrayan además que el consejo de administración de Catalunya Banc era informado regularmente de las operaciones aprobadas. La línea argumental de los investigados, de apuntar al conocimiento profundo de su actividad por parte del Banco de España, coincide con la vista en otras causas financieras como la esgrimida por Rodrigo Rato ante las pesquisas abiertas en torno a la debacle de Bankia.
El resto de imputados
Además, tras un cambio en las citaciones, el exvicepresidente de la entidad y actual presidente de Enagás, Antonio Llardén, comparecerá ante el juez el próximo día 27 de febrero.
Entre medias, declararán también como investigados a partir del miércoles el exdirector general adjunto Lluís Gasull, los exdirectivos Eduardo Aznar, Joan Valls, Joan Güell, Joan Manuel Pla, Josep Alonso, Joan Echániz, Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.
La excúpula de Catalunya Caixa está además pendiente de la apertura de juicio oral por los presuntos sobresueldos que se aprobaron antes de la nacionalización de la caja y por los que la Fiscalía penas de hasta cuatro años de cárcel.