El bufete CCS prevé que los camioneros recuperen un 25% del valor de su vehículo
Presentarán las primeras 6.000 demandas este año La incorporación de Scania amplía el plazo para las reclamaciones
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha seleccionado al bufete CCS para emprender las reclamaciones contra el cartel de fabricantes de camiones destapado por la Comisión Europea. Los abogados consideran que elevaron los precios entre un 10% y un 12%, por lo que los afectados podrán reclamar hasta un 25% del precio del vehículo incluyendo los intereses de demora.
Francisco Caamaño, socio del despacho y exministro de Justicia, aseguró ayer que por el momento no hay más que una sentencia en Europa desde la multa de la CE. Se produjo en Hannover, en Alemania, y confió en que sirva de referencia para las próximas, puesto que reconoce que hubo sobrecostes por culpa del cartel.
El despacho CCS cuenta con 4.300 clientes que suman 30.000 camiones. Miguel Caamaño, socio director del bufete, avanzó que durante este año presentarán 6.000 demandas en España y aseguró que se comenzarán a ver las primeras sentencias.
En un primer momento, los afectados pueden reclamar hasta abril las posibles indemnizaciones por este cartel que, según la Comisión pactó precios entre 1997 y 2011 a nivel europeo. Sin embargo, el exministro aseguró ayer que la incorporación en otoño de Scania, que no fue incluida en el primer momento, abre un plazo de hasta cinco años para sus usuarios. Además, gracias a la nueva Directiva comunitaria, Caamaño aseguró que se abre la puerta a que aquellos afectados de otras marcas que no han llegado al plazo inicial pueden reclamarle a Scania, debido al principio de solidaridad que establece la normativa europea. De darles la razón los jueces, Scania tendría luego que reclamar esos costes al resto de marcas. Los abogados contratados por la CETM descartaron ayer aventurar a cuanto ascenderán las indemnizaciones en España por parte de las marcas.
El socio director de CCS descartó ayer que se vaya a producir una demanda colectiva por parte de los afectados, aunque aseguró que se mantienen contactos con el resto de bufetes que están cubriendo las reclamaciones de los transportistas españoles. Caamaño eximió de culpa a los concesionarios que vendieron los camiones, al entender que no tenían poder de decisión sobre los precios.