Dónde crear una empresa ‘offshore’ a golpe de ratón
Business Service Distribution y Foster Swiss crean firmas en paraísos fiscales Por 2.000 euros se monta una tienda online opaca
Diez minutos. Ese es el tiempo que se tarda en constituir una sociedad offshore (IBC) en una jurisdicción donde los no residentes no tendrán que pagar ningún impuesto, como Belice o Panamá; una cuenta bancaria offshore en San Vicente y las Granadinas y una pasarela de pago offshore para poder aceptar tarjetas de crédito (Visa, Mastercard o Amex) para un negocio digital fuera del país de residencia y de la jurisdicción donde esté la IBC. Entre 2.000 y 3.000 euros cuesta crear una tienda online en un paraíso fiscal.
Este es el producto que ofrecen decenas de empresas en internet, como BSD (Business Service Distribution), que cuenta con oficina en Barcelona, en el paseo de Gracia, 118. Pero ¿es legal? “Si el producto o actividad que se ofrece se realiza en ese lugar offshore y se distribuye desde el mismo lugar, sí es legal”, explica José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El delito no es tener una sociedad en un paraíso fiscal, sino no comunicarla a Hacienda
“Ahora pensemos en cuántas personas hacen y distribuyen zumo de papaya desde Panamá. No hay que ser muy inteligente para saber que si existen tantas empresas que facilitan la apertura de sociedades offshore es que se está defraudando”, añade Mollinedo.
En los paraísos fiscales, al igual que en España, existe la figura de las sociedades shelf o previamente constituidas, registradas y listas para facturar, comprar, vender o abrir cuentas bancarias. “Hay personas que necesitan comenzar a operar mañana mismo y pueden hacerlo a través de esta figura por 2.000 o 3.000 euros en nuestro país”, asegura Pablo Fernández Burgueño, miembro del grupo de expertos de Europol para la lucha contra el fraude electrónico y profesor del IEB.
En los paraísos fiscales existen a un menor precio, por 790 euros en Seychelles o Belice a través de la página SFM offshore, pero, “si la shelf se hace en Panamá o Belice, se cederá la gestión de la sociedad a un tercero, debiéndose pagar por ello, por lo que, al final, la diferencia económica no es tanta”, matiza Fernández Burgueño.
“Panamá, como tantos otros lugares, tiene un área territorial en la que las empresas gozan de exención de impuestos y ofrecen leyes que permiten agilizar todos los procesos administrativos, y estar establecido allí es completamente legal si se comunica a Hacienda”, subraya. El problema, como indica Fernández Burgueño, es el motivo de por qué deciden abrirse sociedades en estos lugares, porque si la razón es pagar menos impuestos o evadir capitales, se comete un acto ilegal.
La consultora Foster Swiss, con representación en Madrid y Barcelona, es una de las empresas que ayuda a crear sociedades offshore. “Asesoramos a nuestros clientes sobre el lugar ideal para ubicar sus empresas y lo cierto es que España para nada está entre ellos”, declara Manuel García, asesor de Foster Swiss.
“España paga impuestos como Dinamarca, pero es un lugar tercermundista. Si una persona puede acceder a una mejor fiscalidad, en donde sus sociedades puedan obtener mejores resultados y donde el dinero de sus familias esté protegido, nosotros se lo vamos a dar a conocer”, continúa García, quien asegura que “diseminando gente por Europa y con pocos gastos se puede llegar a pagar casi cero impuestos”.
Juan Gimeno Ullastres, patrono de Economistas Sin Fronteras y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, se lamenta de que a este tipo de asesores o colaboradores no se les penalice adecuadamente, una crítica que también comparten desde Gestha. “Aparentemente, estas figuras necesarias para este tipo de prácticas no están incurriendo en ilegalidad, pero es como si estuvieran comercializando pistolas sin saber a quién se las venden ni qué van a hacer con ellas”.
Menos delitos
Balance. A pesar de los papeles de Panamá, Football Leaks o los papeles del paraíso, las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% en 2016, hasta las 226, según los últimos datos disponibles de la AEAT. Durante ese mismo ejercicio se tramitaron 72 expedientes por blanqueo, un 46% menos que en 2015.
Gestha opina: “España es uno de los países de la UE con más dinero negro, pero actualmente contamos solo con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para 860 ciudadanos. El 80% de los efectivos de la AEAT se dedica a investigar a autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen para luchar contra el gran fraude”.