Corrupción

El juez García Castellón imputa al presidente del Adif por el caso Lezo

Investiga al consejo de administración de Canal de Isabel II que autorizó la compra de Inassa

 El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (d), acompañado por el presidente de Adif, Juan Bravo, durante la visita realizada a las operaciones de montaje de la vía de alta velocidad ferroviaria que se desarrollan entre Cáceres y Mérida
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (d), acompañado por el presidente de Adif, Juan Bravo, durante la visita realizada a las operaciones de montaje de la vía de alta velocidad ferroviaria que se desarrollan entre Cáceres y Mérida

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el 'caso Lezo', ha imputado este miércoles a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que se encuentran Pedro
Calvo y Juan Bravo --actualmente presidente de Adif--, colaboradores cercanos del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha atendido así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que además de Calvo y Bravo solicitó también la imputación algo más de una veintena de personas.

Entre ellas están también el que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, y de Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares para el Canal.

Además, el magistrado ha imputado a Ignacio López-Galiacho, Juan María del Alamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Angel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho, entre otros.

En el escrito que dirigió al juez instructor, Anticorrupción ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana".

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