Oramas abronca a la presidenta de la JUR por no responder a los diputados sobre la resolución de Popular
Bruselas consulta a Santander si pública más información sobre la resolución Solo se comunicarán “aspectos adicionales” del informe de Deloitte
Decepción. Esa es la conclusión del paso de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, por la comsión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate a la banca. La evasiva a responder a las preguntas de los diferentes parlamentarios provocó que en una inusual intervención de Ana Oramas, diputada por Coalición Canaria y presidenta de esta comisión, sacara los colores a König al desperdiciar su paso por el Congreso para aportar información nueva sobre el proceso de resolución de Popular y posterior venta a Santander por un euro en la madrugada del 6 al 7 de junio.
Oramas abroncó a la presidenta de la JUR–que llegó con un séquito de cinco personas de prensa– al no haber contestado “prácticamente a ninguna de las cuestiones” que le habían planteado los diputados. En una sala, la Constitucional, y ante un auditorio totalmente en silencio sorprendido por la reprimenda, la parlamentaria añadió: “ha desperdiciado una ocasión única para dar la tranquilidad a 300.000 accionistas de Popular y al conjunto de la ciudadanía española de que las cosas se hicieron bien”.
Oramas fue tajante al reprochar a König que el congreso “no tiene la equiparación de despachos de abogados o de ciudadanos” particulares, por lo que debía de haber tenido la “gentileza y consideración de “decir algo que no hubiera sido público y notorio ya por los medios de comunicación”.
Tras el silencio de los asistentes, la presidenta de la comisión recibió felicitaciones y palabras de apoyo de los portavoces de todos los grupos tras la marcha de la responsable de la JUR, quien no solo no dijo nada nuevo, sino que remitió a los diputados que mirasen en los próximos días la web de la JUR para comprobar si se iba o no a publicar más detalles del informe de Deloitte sobre la valoración de Banco Popular el día de su intervención. Tampoco admitió un segundo turno de réplicas de los diputados al pedirles que le hicieran “llegar las preguntas por escrito”.
Eso sí, todos los portavoces de los diferentes partidos políticos pidieron a König que por el bien de la Unión Europea la JUR debía ser transparente en sus procedimientos, pero parece que de poco sirvió, a tenor de los reproches de Oramas y del resto de los diputados.
En su intervención König afirmó que la JUR publicará en febrero otro informe sobre la resolución de Popular, realizado a posteriori y también por Deloitte, que determinará si es necesario compensar a los accionistas afectados. Si los accionistas y acreedores del banco, que vieron reducidos a cero sus títulos, quedaron en peor situación tras la resolución de Popular que si hubiera entrado en concurso, el Mecanismo Único de Resolución (MUR) estaría obligada a compensarles la diferencia. Aunque la propia König contestó “pero no creo que sea así”.
Como en el caso de la valoración de Popular –informe también realizado por Deolitte, lo mismo que el segundo y definitivo sobre esta misma tasación (el primero de junio dio un valor a Popular entre unas pérdidas de 2.000 millones a 8.000 millones)–, Königexplicó que “luego veremos qué partes de este informe pueden hacerse públicas”.
Añadió, de hecho, que la JUR hará pública sólo una versión “editada” antes de final de año del segundo informe de Deloitte y solo tras consultar, entre otros, a Santander, ya que considera que se podrían desvelar datos sensibles para el banco.
Sobre las acciones legales a las que se podría enfrentar la JUR, apuntó que “cualquier riesgo jurídico es ahora un riesgo que ha de afrontar Santander”. “Compraron lo que ya conocían”, explicó, aunque su respuesta fue ambigua.En su comparecencia afirmó que la resolución de Popular “es intrusiva e, inevitablemente, genera acciones legales”, y lamentó el “festín” en que se ha convertido la resolución para los abogados.
Elke König defendió el resultado "exitoso" del proceso de resolución de Banco Popular y su venta al "sólido" Santander, para dejar caer a la entidad podría haber llevado al "contagio a otros bancos y a una mayor incertidumbre y desconfianza en el sistema financiero". Señaló que ese contagio podría haberse dado no sólo en España sino en otros países. Por ejemplo, indicó que la filial portuguesa del Popular "se hubiera visto afectada negativamente en caso de una liquidación" del banco.
Según König, la "rápida" salida de liquidez del Popular requirió una "acción ágil" para proteger la continuidad de las funciones esenciales de un banco y evitar riesgos para la estabilidad financiera.
Además, destacó la "cooperación" entre las distintas instituciones, tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y la Comisión Europea. En concreto, subrayó que la "estrecha cooperación" entre la JUR y el Frob fue "crucial para un resultado de éxito".
La responsable de la JUR apuntó también que "al vender Banco Popular a un grupo sólido con el Santander, que estaba en condiciones de inyectar de manera inmediata suficiente liquidez", la entidad pudo "continuar operando en condiciones comerciales normales".
Otras claves
Elke König ha afirmado que el “problema de liquidez” de Popular “era consecuencia de que el banco estuviese tratando de salir por sí mismo al mercado”, al tiempo que “había un problema de solvencia subyacente a ese problema de liquidez”.
Sobre las filtraciones en prensa de mayo de que la JUR se encontraba analizando a Popular, König se defendió, “no hay indicación clara” de que la información saliera de la institución. Señaló que había más autoridades públicas implicadas, como el BCE, el FROB, el Banco de España o el Tesoro español. Además, explicó que “había un consenso amplio de que las actuaciones que se estaban siguiendo eran las adecuadas”. El Congreso de los Diputados ha reclamado en varias ocasiones todos los detalles de la operación de resolución de Popular con el informe de valoración llevado a cabo por Deloitte. König sigue defendiendo que no se conozca íntegramente el documento por razones de “confidencialidad”.
