El Gobierno denuncia a la vigilancia del metro por sus tácticas para reducir salarios
La Fiscalía admite a trámite una demanda del Estado contra la Seguridad Integral Canaria La compañía trasladaba a sus vigilantes a otras compañías controladas por el mismo accionista
La compañía es propiedad del empresario Miguel Angel Ramírez, que tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda. En este caso, investiga si el traslado de sus trabajadores supone una maniobra para recortar en un 30% el sueldo de sus empleados, tal y como denuncian los empresarios.
Seguridad Integral Canaria anunció este verano que dejaría de prestar servicios de vigilancia presencial para mantener sólo los de transporte de fondos y alarmas, traspasando a los trabajadores del área de vigilancia a otras empresas. Los trabajadores temen que ceda o venda 3.700 efectivos públicos y privados.
Antes había intentado otra rebaja de los salarios a través de un convenio propio. Este los reducía por debajo del salario estatal. El Tribunal Supremo lo declaró nulo el verano pasado. Los trabajadores, ante el miedo de que los servicios se traspasen a empresas piratas, han iniciado una huelga el 7 de septiembre en el Gobierno de Canarias.