La crisis de La Naval se enreda en el juzgado antes del concurso
Reactivada una denuncia de los accionistas minoritarios La suspensión de pagos se prevé en octubre si no hay acuerdo antes
La crisis del histórico astillero de La Naval se ha enredado más por la reactivación de una demanda penal de un grupo de accionistas minoritarios, que aglutinan el 12,5% del capital y entre los que se encuentra el exministro de Defensa Pedro Morenés, contra el resto de los propietarios del constructor de buques.
El proceso está en manos del Juzgado número 1 de Barakaldo (Bizkaia), desde el que han advertido que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos, como la apropiación indebida y la administración desleal, entre otras irregularidades. Por los juzgados de Barakaldo tendrán que pasar a declarar varios exmiembros del consejo de administración que representan, entre otros, a los grupos Naviera Murueta e Ingeteam, cada uno con un 38% del accionariado del astillero vasco, que suma más de un siglo de trayectoria.
Además, el concurso de acreedores está a la puerta. Puede presentarse en cualquier momento a partir del 7 de octubre, cuando finaliza la fase de preconcurso. A partir de ahí, el juez que asuma el proceso (en Bilbao hay dos juzgados de lo mercantil) nombrará un administrador concursal, que será el que negocie las quitas de las deudas (más de 100 millones de pasivo) y la posible entrada de nuevos inversores, que según la ley que regula estos procesos no pueden ser los que han llevado a la compañía a su quiebra. El Gobierno vasco, por boca de su lehendakari, Iñigo Urkullu, esperará a ver cómo discurre el concurso para tomar o no una pequeña participación en el capital.
Otro problema son los cuatro buques en cartera, el más avanzado de los cuales ya flota en el agua frente a las gradas de Sestao (Bizkaia). El armador belga Tideway estaría dispuesto a costear los trabajos para la conclusión de este barco cablero, le quedarían unos siete meses, y así poder cumplir con sus propios fletes.
Los retrasos en este sector penalizan a todos, tanto a astilleros como a armadores. En este sentido, el administrador que designe el juez tendrá que negociar nuevos plazos. Fuentes de esta industria han señalado que no está claro si los buques adjudicados a un astillero pueden acabar construyéndose en otro, de acuerdo al derecho aplicado a este sector.
El centro de Sestao está especializado en buques de gran tamaño, con presupuestos que superan los 100 millones, en el caso de los gaseros y petroleros. Su financiación resultaba menos complicada cuando era una empresa pública, según fuentes del sector.
La Naval tiene 181 trabajadores en nómina, la mitad de los que integraban la plantilla en 2006, el año de la privatización de la compañía. Desde 2010, los empleados han pasado por nueve ERE de suspensión de empleo y otros dos de extinción de contratos. Así que los empleados actuales han consumido parte de su prestación por desempleo, si tuvieran que recurrir a ella.
Los recortes anteriores incluyeron prejubilaciones a los 50 años, para los empleados con más de tres décadas de experiencia en las gradas de Sestao. Un activo humano que se ha perdido, critican desde los sindicatos, para afrontar la construcción de buques de nueva generación, como los propulsados a gas, que requieren de un alto nivel tecnológico.
La crisis de La Naval se nota en la margen izquierda del Nervión, donde genera actividad para pymes que suman un total de 1.800 empleos. Este mes, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha reconocido en el Congreso que la mayoría de los trabajadores de La Naval, en concreto 155, tienen derecho a retornar a Navantia, según los acuerdos firmados para su privatización.
Por un proceso con continuidad
Futuro. La mayoría de los concursos de acreedores (el 98%) acaba con la empresa. Por el impacto de La Naval en la economía de Bizkaia, las instituciones, con el Gobierno vasco a la cabeza, velarán por un proceso ordenado que permita la continuidad del astillero.
Inversores. La normativa concursal impide en principio que los actuales accionistas del constructor naval sigan en el capital. La ley entiende que los que han participado en la gestión no pueden continuar, entre ellos Manuel de Dago, que fue presentado este verano como el caballero blanco que podía salvar la empresa.
Quiebra. El balance está en quiebra, con deudas de más de 100 millones y pérdidas acumuladas de 60 millones. La supuesta ampliación de 42 millones de Manuel de Dago resulta insuficiente para tapar esos agujeros.