La CNMV impedirá que la banca utilice sus filiales para disfrazar incentivos en la venta de fondos
Cierra una puerta a las entidades que controlan al 100% sus gestoras El supervisor evitará que el sector enmascare las retrocesiones como otros ingresos
El periodo de consulta del anteproyecto de ley que adapta la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, concluirá el próximo lunes 18 de septiembre. El texto, publicado el pasado 4 de agosto, es implacable con las entidades financieras. Estas, en esencia, tendrán que vender fondos de gestoras ajenas al grupo u ofrecer un servicio de asesoramiento diligente, y no bajo cuerda.
Para embolsarse una parte de la comisión de gestión, el vendedor tendrá que cumplir alguno de los dos siguientes puntos bajo el servicio de asesoramiento no independiente (en el independiente, no se podrán cobrar incentivos en ningún caso):
1) Que también ofrezca productos de terceros y no solo propios.
2) Que se comparen sus características y que la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente.
El sector tiene planes B si no se da flexibilidad
Varias entidades financieras tienen planes alternativos para competir si la línea más dura triunfa, como finalmente parece que ocurrirá. Así, algunas de ellas están desarrollando fórmulas para vender de forma masiva productos de terceras gestoras en sus oficinas, como publicó este periódico el pasado 8 de agosto.
Fuentes cercanas a Inverco señalan que, si no hay flexibilidad, se producirá un encarecimiento del servicio de fondos para el ahorrador y la exclusión financiera de los segmentos con un volumen de patrimonio más reducido. De los 28 países de la Unión Europea, solo Holanda y Reino Unido no han flexibilizado la normativa. En Inverco creen que se producirá un desplazamiento de la venta de fondos de inversión hacia otras formas de ahorro.
Los porcentajes de la comisión cedidos al distribuidor por parte de las gestoras propiedad de la gran banca oscilan entre el 66% de la de Sabadell y el 78,3% de la de BBVA, según los datos de la CNMV. Santander AM entregó el 73,1%; CaixaBank AM, el 68,2%, y Bankia Fondos, el 69,7%.
El sector tiene planes B si no se da flexibilidad
En caso de no dar asesoramiento –el método más extendido en la actualidad a la hora de vender fondos de inversión–, la única fórmula que permite el texto es ofrecer productos de terceros.
La fórmula para sortear el espíritu de la ley está encima del tapete. Algunas entidades y consultoras habían detectado la vía alternativa de renunciar a los incentivos de comercialización. El truco está en que en las cuentas consolidadas de los grandes grupos no tendría efecto la pérdida de incentivos por distribución. Toda la comisión de gestión quedaría en casa porque las gestoras son filiales al 100%.
Así ocurriría en los casos de CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell, y en breve también en el de Santander. Las gestoras pertenecen totalmente al banco. La excepción es Allianz Popular AM, propiedad de la aseguradora alemana en un 60%, y en un 40% del banco filial de Santander.
18 de septiembre es cuando termina la audiencia pública de la ley
Una vez haya concluido el segundo periodo de consultas –el primero se extendió desde el pasado 15 de marzo hasta el 3 de mayo– se iniciará la tramitación parlamentaria de la nueva norma.
Pero la CNMV cerrará esta puerta trasera. Ésta considera que “la nueva regulación de percepción (o prohibición) de incentivos no puede soslayarse mediante prácticas de integración vertical, en las que simplemente se suprima el pago explícito de incentivos por parte de la gestora al comercializador del grupo, sin alterar el resto de las condiciones en la prestación de los servicios”, según la respuesta a una pregunta de Inverco a la que ha tenido acceso CincoDías.
“El fondo económico sería el mismo, ya que el banco prestaría a la gestora un servicio (la distribución de sus fondos) que, en lugar de abonarse explícitamente vía retrocesión de comisiones, se abonaría vía reparto de dividendos o acumulación de reservas en la filial”, razona el supervisor.
Un portavoz de la CNMV añade que, pese a que cuentan con métodos para impedir este cobro, se ha pedido al Ministerio de Economía que aclare este punto en la trasposición de la directiva.
Las gestoras de los bancos mencionados tienen un patrimonio de 157.000 millones de euros, el 62% de los más de 253.000 millones totales a cierre de agosto. La norma, que entrará en vigor en enero de 2018, es muy restrictiva respecto al modelo actual de cobro de incentivos por comercialización de productos. Una de las mejores armas de las entidades para elevar sus ingresos por comisiones son las denominadas retrocesiones en los fondos de inversión. El distribuidor –la entidad financiera, en la mayoría de los casos– se queda con una parte de la comisión de gestión del fondo, como recompensa por poner a disposición de la gestora su red comercial.
El texto diseñado por Economía, que todavía puede ser retocado, restringe al máximo la posibilidad de que el vendedor se quede con una parte de la comisión.
Las peticiones del sector para permitir que el modelo de comercialización siguiese en línea con el actual han sido rechazadas.
Las asociaciones de fondos (Inverco), banca (AEB) y cajas de ahorros (CECA) también pidieron, y continúan pidiendo, flexibilidad, aunque de diferentes formas.
Los representantes de las entidades financieras quieren que contar con una red de oficinas les permita cobrar incentivos en la venta de fondos sin necesidad de asesorar ni ofrecer productos de terceros. La organización que agrupa a las gestoras pide que se autorice su cobro si se utiliza una herramienta de venta asistida que delimite alternativas de inversión.
El ministerio que pilota Luis de Guindos no ha aceptado ni una ni otra petición; al menos de momento, puesto que todavía queda por delante toda la tramitación parlamentaria de la ley.
Las gestoras ingresaron el año pasado 2.238 millones en comisiones de gestión, y de este dinero entregaron 1.432 millones de euros, el 64% del total, a los distribuidores. Es decir, más de seis de cada 10 euros se los queda el vendedor y no el fabricante. Los porcentajes varían en función de la gestora, incluso hay varias que no entregaron absolutamente nada de sus comisiones de gestión (véase gráfico), según los datos de la CNMV a 2016.