Pimco denuncia al FROB por la resolución de Popular y estudia otras reclamaciones

Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit y Cairn perdieron 850 millones de euros

El recurso de los cinco fondos forma parte de una estrategia jurídica más amplia

Un hombre pasando cerca del logotipo de Banco Popular
Un hombre pasando cerca del logotipo de Banco Popular REUTERS

Cinco de los principales fondos de inversión internacionales han decidido dar el paso y denunciar en la Audiencia Nacional al FROB, perteneciente al Estado, por su intervención en la resolución y venta de Banco Popular. Entre este grupo de inversores se encuentra el fondo estadounidense Pimco, que ha presentado un recurso contencioso administrativo. El bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel representa a Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital, fondos que habían invertido en bonos de Popular alrededor de 850 millones de euros, y que tras la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) perdieron todo el dinero suscrito en bonos de la entidad española.

Se da la circunstancia de que estos fondos, salvo Pimco, ya habían recurrido el pasado 17 de agosto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de la JUR. Aunque ya entonces los abogados de este grupo de inversores explicó que actuaban de forma coordinada. Como ocurre en gran parte de los recursos presentados, este escrito tampoco tiene por objeto la restitución de las multimillonarias pérdidas, señalan fuentes del bufete londinense, sino que forma parte de una estrategia legal más amplia que confía en obtener la máxima claridad en torno al proceso de resolución de Popular y recuperar los fondos perdidos, ya que en su opinión la resolución del FROB carecía de la motivación necesaria.

Esta opinión es compartida por otros inversores, que también han decidido denunciar al FROB.
Esta falta de transparencia, según coinciden todos los accionistas y bonistas afectados por la caída de Popular, ha impedido evaluar las razones, el fundamento jurídico y la valoración sobre las que se sustentó la decisión, explica el abogado Richard East.

Una vez que reciban la documentación que han reclamado tanto al FROB como a la JUR tras presentar sus recursos, gran parte de los inversores, entre los que se encuentra el grupo mexicano encabezado por Antonio del Valle (que llegaron a sumar casi el 4,5% del capital de Popular), estudiarán nuevas acciones legales para buscar una compensación por las pérdidas sufridas con la intervención de Popular. Para realizar estas denuncias tienen un plazo de cinco años. De momento, la Audiencia Nacional ha recibido alrededor de 150 denuncias contra el FROB, aunque el plazo para recurrir la decisión de este organismo público finaliza a finales de este mes.

Del Valle parece que finalmente no presentará denuncia contra el FROB, aunque sí lo ha hecho otro gran inversor, además de Pimco, el grupo chileno Luksic, cuya participación en Banco Popular fue del 3,45% y perdió 113 millones. Los abogados Del Valle estudian presentar una demanda contra el Estado español bajo el paraguas del arbitraje firmado entre España y el país azteca para proteger a los inversores de ambos países. Mientras, Pimco y el resto de los fondos que han firmado la demanda contra el FROB de forma conjunta, estudian otras vías para reclamar tanto la documentación de la JUR y del FROB que provocó la caída de Popular, como para tener una posible compensación por lo que han perdido.

Los bonos de Popular cotizaban en Irlanda, por lo que no descartan reclamar en la justicia de ese país.

Otras claves
u El recurso de Pimco y de los otros fondos se suma a la avalancha de demandas que, tanto en España como en los tribunales europeos se han presentado por accionistas y bonistas tras la resolución y venta de Popular el pasado 7 de junio por un euro.
u Varios accionistas negocian en estos momentos con a JUR y el BCE que les entreguen la documentación que llevó a la intervención de Popular. La respuesta de la JUR y del BCE es siempre la misma, aseguran que no pueden entregar estos informes al poder perjudicar a un tercero al contener datos confidenciales. Estos mismos accionistas tienen intención de reclamar por otros medios estos documentos. De momento, esperarán a que se acabe el plazo de reclamación a la JUR, que termina la semana que viene.

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