Accionistas y bonistas del Banco Popular presentan un recurso ante la JUR
Si la JUR no contesta en el plazo de un mes, se abriría paso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea En caso de que el dictamen sea nulo, la Junta Única de Resolución debería dictar una segunda resolución
El despacho de abogados Navas & Cusí, en representación de accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles del Banco Popular, informó hoy de que ha presentado un recurso ante la Junta Única de Resolución (JUR) por su decisión de vender la entidad española.
"Lo hacemos en nombre de accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles y deuda subordinada que de la noche a la mañana perdieron el 100% de su inversión sin motivo ni explicación alguna, claros perjudicados por la decisión de la JUR", señaló en un comunicado el socio-director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.
El despacho especializado en derecho bancario, financiero y de la UE presentó el recurso ayer miércoles, el último día del plazo de seis semanas desde la resolución del Popular.
Si fuese desestimado o la JUR no contestara en el plazo de un mes, se abriría paso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo "donde la jurisprudencia es muy amplia", indicó el bufete.
En declaraciones a Efe, Juan Ignacio Navas mostró su desconfianza respecto a la posibilidad de que la Junta Única de Resolución haga público el informe de la auditora Deloitte sobre el que basó la decisión de ejecutar la resolución y añadió que "muy probablemente" se deba presentar por requerimiento judicial del TJUE.
Asimismo, criticó la falta de transparencia del organismo comunitario.
"La drástica y controvertida decisión se tomó sobre la base de un informe de Deloitte que la JUR se niega a hacer público", denunció Navas en el comunicado, para a continuación recordar que esa institución tiene "obligación de motivar y hacer públicos los informes que justifican sus decisiones", según el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR).
De hecho, consideró que se ha producido "un manifiesto incumplimiento" de las obligaciones de la JUR "que sugiere irregularidades que podrían llevar a la declaración de nulidad de la decisión".
Si se reconociera la nulidad de ese dictamen, la Junta Única de Resolución debería dictar una segunda resolución.
El pasado 7 de junio, la Junta Unica de Resolución decretó la resolución del Banco Popular, que fue adquirido por un euro por el Banco Santander.
Si bien los titulares de cuentas y de depósitos no sufrieron mermas con independencia del importe de sus ahorros, los accionistas y tenedores de deuda perdieron el 100 % de la inversión.