El Tribunal de Cuentas exige mejor planificación a Fomento

El órgano reclama mejores proyectos y preponderancia de la oferta técnica en los concursos

El AVE entre Barcelona y la frontera francesa tuvo un sobrecoste del 18%

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, esta mañana en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, esta mañana en el Congreso de los Diputados.

La construcción del trazado del AVE entre Barcelona y la frontera francesa costó 28,7 millones de euros por kilómetro o un total de 3.760 millones repartidos en 323 contratos, según ha informado esta mañana el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Ha sido durante su intervención en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con este órgano, en la que ha puesto de manifiesto un sobrecoste del 18% sobre los 3.186 millones en que fueron adjudicados la totalidad de los trabajos por parte de la empresa pública Adif.

La auditoría del Tribunal de Cuentas desvela bajas “muy elevadas en las ofertas” que acaban acercándose o superando el presupuesto base de licitación a base de modificados: “En el 49% de los contratos analizados se aprobaron modificados, lo que supuso un incremento del precio del 11,6%”, ha relatado Álvarez de Miranda durante su intervención. Solo en el área de la estación de La Sagrera el Tribunal de Cuentas detectó diferencias de 117 millones entre las obras realmente ejecutadas y las que fueron certificadas y pagadas.

Visto el resultado de este y otros trabajos de fiscalización, dados a conocer ayer, el Tribunal pide que a futuro “se primen los proyectos con mejores perspectivas de rentabilidad coste-beneficio, tanto en términos económicos como de servicio público”.

El Tribunal desvela bajas “muy elevadas en las ofertas” que acaban corrigiéndose a base de modificados

El presidente ha hecho suya la eterna reivindicación de las ingenieras y reclamó a los promotores de obra pública, entre los que destaca el Ministerio de Fomento, “que se haga hincapié en que la selección y planificación de las inversiones en infraestructuras de transporte deberían estar sustentadas en estudios solventes que evalúen el impacto socio-económico de las actuaciones que se acometan”. Otra reivindicación escuchada en el Congreso por boca de Álvarez de Miranda ha sido la de “dar una mayor preponderancia” a la redacción de los proyectos en busca de una ejecución de obras complejas o de gran envergadura “con menores incidencias”.

Aena y Renfe

El presidente de Tribunal de Cuentas ha comparecido con una veintena de informes de fiscalización, entre los que figura uno sobre la actividad de Aena entre 2009 y 2011, cuando la empresa venía de invertir en ampliaciones de aeropuertos y presentaba precisamente pérdidas, por costes de amortización y financieros, en los que habían soportado obras.

El gestor aeroportuario carecía en 2013 de un inventario del suelo que rodea a sus aeropuertos, trabajo que hubo de realizarse una vez que la empresa salió a Bolsa para poner al día el valor de los activos.

Respecto a Renfe Operadora, el Tribunal de Cuentas afirma que “no respetó el compromiso de contener los costes de personal” y observa “numerosas deficiencias e irregularidades en los contratos de obra, así como en los de adquisición de tranvías y material de repuesto” en el marco de los dos planes estratégicos lanzados entre 2005 y 2012, con inversiones previstas por un total de 909 millones de euros.

 

Desviaciones en los tranvías

- Tranvía de Parla. La infraestructura costó 130,7 millones, lo que supuso un alza del 38,6% respecto a la factura inicialmente prevista.

- Tranvía de Zaragoza. Fue adjudicado por 35 años y 225 millones de euros. El Comité Técnico de Cuentas Nacionales consideró que la propiedad económica de la inversión era del Ayuntamiento y este acarreó con 256 millones de deuda financiera.

- El Tribunal de Cuentas pide rigor y aconseja a los municipios que se aseguren de contar con recursos suficientes para financiar sus obras.

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