Competencia

La CNMC abre expediente contra las tabaqueras por posible pacto de precios

Investiga a Philip Morris Spain, Altadis, JTI Iberia , BAT España y Logista

La infracción es grave y puede conllevar multas de hasta el 10% del negocio

En la imagen, diversas marcas de tabaco con sus precios en un estanco de Las Palmas de Gran Canaria.
En la imagen, diversas marcas de tabaco con sus precios en un estanco de Las Palmas de Gran Canaria. EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra las tabaqueras Philip Morris Spain, Altadis, JTI Iberia y British American Tobacco (BAT) España, así como contra la compañía Logista por posibles prácticas anticompetitivas.

En concreto, el expediente se refiere a prácticas concertadas y/o acuerdos de precios y otras condiciones comerciales entre operadores, directamente o a través de terceros, e intercambios de información en el mercado de la fabricación, distribución y comercialización de cigarrillos.

El caso se remonta a comienzos de año, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo. Entonces, la CNMC llevó a cabo una serie de registros en las oficinas de dichas compañías, al sospechar que se estaban produciendo prácticas anticompetitivas consistentes en posibles acuerdos de precios y comerciales.

Como resultado de esta investigación, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

Todas las empresas afectadas por este expediente han asegurado que colaborarán conla CNMC en el proceso. La incoación de este expediente abre un proceso que puede prolongarse durante 18 meses, antes de que la CNMC emita su resolución al respecto, y la posible multa en caso de considerar probados los hechos investigados. El organismo reincidió como suele hacer en estos casos que "la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación".

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