El FROB: si no se intervenía Popular se ponía en dificultad la estabilidad financiera

El organismo dependiente de Economía descarta conceder ayudas a Santander para hacer frente a las demandas de clientes de la entidad adquirida

Los supervisores preparaban la venta del banco desde el sábado

Un repartidor pasa ante una oficina del Banco Popular en el Paseo de Gracia esquina con la calle Aragón de Barcelona.
Un repartidor pasa ante una oficina del Banco Popular en el Paseo de Gracia esquina con la calle Aragón de Barcelona. EFE

Transcurridas algo más de 24 horas desde la intervención y posterior compra de Banco Popular, la entidad había recuperado ayer la “normalidad” en su operativa, coincidieron en destacar tanto supervisores como directivos de Santander, el banco que el miércoles compró la firma por un euro. Pese a esta tranquilidad, lo cierto es que cada vez más accionistas de la entidad intervenida se están planteando o ya han decidido demandar a las autoridades europeas o supervisores españoles o a Santander tras perder toda la inversión en Popular como consecuencia de su intervención.

Pese a que parte de los más de 300.000 accionistas de Popular han comenzado a organizarse para intentar recuperar su dinero, fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han descartado que, como ocurrió con Bankia, se ponga en marcha un arbitraje que les permita recuperar sus ahorros. También descartan conceder ayudas a Santander para que pueda compensarles por la pérdida del dinero de sus acciones.

El FROB mantiene que una posible compensación depende ahora por completo de la entidad que preside Ana Botín, una vez que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) no contempla ni ayudas ni indemnizaciones.

El organismo que depende de Economía reconoce que existen muchas incógnitas aún abiertas tras la aplicación del nuevo sistema de rescate europeo, en el que son los accionistas los primeros en hacer frente con el rescate de un banco, como ha sido el caso de Popular.

Fuentes del FROB reconocen que ya desde hacía unas semanas tuvieron sospechas de que Popular terminaría siendo rescatado. Fue, de hecho, hace más de siete días cuando el MUR_contrató a un asesor independiente para evaluar las posibles pérdidas en las que podía incurrir Popular (entre 2.000 millones en un escenario como el actual, y de 8.200 millones en el escenario adverso), y que sirvieron para declarar la inviabilidad de la firma que entonces presidía Emilio Saracho.

También reconoció que ya el pasado sábado 3 de junio los supervisores iniciaron un proceso de venta del banco paralelo al iniciado el 16 de mayo por JP Morgan. Coincidió con la petición de Popular al BCE de medidas extras para obtener liquidez. Pero no fue hasta la noche del martes al miércoles cuando decidió intervenir y posteriormente vender Popular tras haber agotado toda su liquidez y resultarle imposible hacer frente a los pagos a sus clientes ya en la mañana del miércoles.

El FROB insistió en que la decisión de intervenir Popular se adoptó a toda prisa ante este problema de liquidez (en la noche del martes), pese a que ya tenía indicios de su rescate. Pero hay un protocolo que solo puede activarse cuando se dan unas condiciones reguladas. Mantiene, además, que con la resolución de Popular se pretendía proteger a los depositantes, la estabilidad financiera y a los recursos públicos. “Se actúa cuando han fracasado otras soluciones. Ya en situaciones críticas”, explican fuentes del FROB, y añaden que en el caso de Popular ya se detectaban “dificultades serías en la estabilidad financiera”. La caída de Popular habría causado serios problemas al país, explican las mismas fuentes.

En cuanto a los criterios para escoger a Santander como el comprador de Popular, el FROB apunta que una vez logrado el objetivo de la estabilización, “la razón es fundamentalmente de precio”, ya que uno de los objetivos es la “maximización” financiera. “Lo que no puede generar un proceso de venta es un nuevo problema. Santander pagó un euro por Popular, aunque además el banco realizará una ampliación de capital por 7.000 millones de euros”.

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