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Juzgados de lo mercantil en Madrid.

Madrid replanteará el límite de los honorarios de los peritos judiciales

El proyecto de decreto discrimina según la titulación del profesional

Existen grandes diferencias en la regulación entre comunidades autónomas

Desde hace más de un año la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid tiene sobre su mesa la regulación de la labor de los peritos judiciales, cuando colaboran de manera voluntaria con los tribunales en la valoración de pruebas. El proyecto inicial, que data del 10 de mayo de 2016 y al que ha tenido acceso Cinco Días, establecía la cuantía y la forma de pago de los honorarios de estos técnicos privados, a los que se recurre en caso de que no haya personal de la Administración.

Este proyecto de regulación contemplaba un sistema de tarifas con tres categorías diferentes, dependiendo de la titulación que ostentase el profesional. Las peritaciones judiciales pueden ser todo tipo de pruebas dependiendo de lo que necesite el juez. Este puede requerir abogados, calígrafos, arquitectos o auditores, entre otras profesiones.

En el caso de que el profesional tenga una titulación superior, el máximo a cobrar serían 1.200 euros; si se trata de una titulación media, 600 euros y para el resto de profesionales, 300 euros. La Unión Interprofesional reclamó en sus alegaciones una subida hasta los 1.800 euros.

La decisión de que los honorarios dependan exclusivamente de la titulación del profesional, en vez de que se adecúen a la complejidad de la prueba solicitada, desató las críticas de los colegios y asociaciones profesionales. “No puede justificarse el valor del trabajo en función de la titulación del profesional. Resulta totalmente erróneo no tener en cuenta en la fijación del importe la complejidad de los trabajos y el coste de los medios empleados”, apuntó la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid en las alegaciones que presentaron al proyecto en diciembre.

Las asociaciones alertan de que, si finalmente se aprobara la normativa planteada por el consejero Ángel Garrido, a los jueces les costaría encontrar peritos para las pruebas. “Lo del precio es una medida absurda que va a favorecer que no haya peritaciones judiciales porque nadie va a querer hacerlas”, afirma Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). “Esa división por titulaciones nos parece absurda. A los 1.200 hay que quitarle la retención y el IVA. No va a querer nadie trabajar por 700 euros”, señala Cristina Inglada, experta en tasación de obras de arte y directora de la sección de peritos del Colegio de Doctores y Licenciados. 

“Si se limitan los honorarios de los auditores a 1.000 euros, suponiendo un coste por hora de 50 euros, solo podrán cubrir encargos de un máximo de 20 horas. Totalmente insuficientes para hacer un trabajo de calidad”, aseguran desde el ICJCE. Estos precios son inferiores al precio medio del mercado en España, que son de 65 euros por hora, en el caso de la auditoría, y 100 euros para los forenses contables. “Los precios en España ya son muy baratos respecto a los países de nuestro entorno”, afirma Alonso.

Además, al estar las competencias en materia de justicia transferidas a las comunidades autónomas, existe disparidad de criterios entre regiones. Los honorarios en algunas comunidades son más bajos. El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña estableció una tabla de precios en 2009 , en este caso según el tipo de trabajo a realizar. Estos oscilan desde los 40 hasta los 600 euros. Por ejemplo, la tasación de un vehículo será pagada en una horquilla entre 40 y 65 euros; si se trata de una obra de arte, los honorarios podrán elevarse hasta los 300 euros; y, en el caso de una auditoría o valoración empresarial, hasta un máximo de 600 euros.

En el caso de Andalucía, un proyecto de decreto de 2014 establecía que el técnico privado debía remitir una previsión del coste económico que incluiría el tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora, los medios utilizados y otros gastos previstos. Una vez presentado, la Administración valoraría la previsión del coste realizada, teniendo en cuenta los antecedentes de la retribución media en situaciones similares.

Varias asociaciones señalan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se prepara para matizar el proyecto inicial, puesto que los informes de los abogados han estimado varias de las alegaciones remitidas. Según estas fuentes, una de las modificaciones que estarían dispuestos a realizar sería la eliminación de esa división de honorarios según la titulación. Desde la Consejería de Justicia aseguran que el proyecto de decreto se encuentra en proceso de tramitación y que se trata del procedimiento habitual, aunque no ofrecen fecha de aprobación definitiva.

Una cuestión sin resolver

El plazo de pago al perito generó discrepancias. Los proyectos de Madrid y Andalucía contemplan que se espere hasta la sentencia firme, lo que puede suponer cinco años. “Es una verdadera locura esperar hasta la sentencia firme”, afirma Ernesto Alcojor, de la Asociación Independiente de Peritos Judiciales. “Te pagan cuando termina el proceso. Me han llegado a pagar con cinco años”, señala Inglada.
La inclusión del IVA en la fijación de las tarifas finales es considerado como improcedente, al tratarse de un trabajo ordenado por la Autoridad Judicial, cuyo abono debe ser asumido por la Administración.
Las asociaciones piden que se aumenten las plazas de los peritos de la Administración. “Las comunidades prácticamente no disponen de peritos funcionarios o son insuficientes en cantidad para cubrir la demanda existente”, asegura Ernesto Alcojor Valverde, presidente de la AIPJ.

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