cláusulas suelo
Portal del nuevo juzgado especializado en demandas hipotecarias de la Comunidad de Madrid.

Así es el juzgado de cláusulas suelo de Madrid: un piso en obras con un juez en prácticas

Un juez en prácticas, dos letrados y 10 funcionarios asumirán 80.000 demandas

Los funcionarios denuncian la falta de medios de una sede que debía empezar a operar hoy

Una planta del edificio de la Dirección General de la Familia y el Menor que la Comunidad de Madrid tiene en el número 12 de Gran Vía se ha convertido desde este jueves en el Juzgado 101 Bis, especializado en litigios hipotecarios.

La nueva sede exclusiva para demandas contra la banca, que forma parte del plan impulsado por el Consejo General del Poder Judicial de especializar un juzgado por provincia desde este 1 de junio, permanecía cerrada esta mañana, sin embargo, entre el trasiego de muebles y obreros que acondicionaban una instalación que aún tardará días en estar operativa.

Así lo ha denunciado a las puertas del nuevo juzgado el portavoz de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Juan José Carral, denunciando la “falta de previsión, de transparencia” de las administraciones en este plan de choque y la “improvisación” con la que se está poniendo en marcha.

Según los datos que maneja el sindicato, el juzgado especializado en temas hipotecarios contará solo con un juez en prácticas, dos letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y 10 funcionarios.

Un equipo limitado que deberá hacer frente a cerca de 80.000 demandas sobre cláusulas abusivas incluidas en los contratos de crédito para la compra de vivienda, según cálculos que CSIF atribuye a la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Desde el sindicato asumen que las instalaciones del nuevo juzgado no estarán listas hasta el lunes día en que comenzarán las dos semanas de formación específica que se ofrecerán a los funcionarios de justicia asignados, con lo que la sede no comenzará a tener un funcionamiento normal al menos hasta el 19 de junio.

Mientras, cada demanda por cláusulas abusivas que sea presentada a partir de hoy mismo en la Comunidad de Madrid será asignada automáticamente a este juzgado, que los sindicatos ven inevitable que eche a andar con una importante carga de trabajo acumulada y al borde del colapso.

“Está previsto que se habilite otro juzgado por cada 1.000 demandas” relacionadas con hipotecas, expone Carral, advirtiendo que si se cumplen las expectativas eso supondría la necesidad de contar con 80 sedes judiciales especializadas en la región, que actualmente cuenta con 101 juzgados de primera instancia.

La “rocambolesca” situación de Madrid, aseveran desde CSIF, se está replicando en mayor o menor medida en el resto de España, donde desde debían empezar a operar los 54 juzgados especializados designados (uno por provincia y otro por cada una de las mayores islas de Canarias y Baleares) con los 65 jueces en prácticas previstos.

Los detalles del plan de choque para evitar el colapso judicial

  • El plan: Hoy comenzarán a operar en España los juzgados especializados en materia hipotecaria que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impulsado de la mano del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en la materia. El objetivo es absorber el previsible aluvión de litigios que se celebren una vez que ha concluido la tanda inicial de negociación extrajudicial entre bancos y clientes que el Gobierno impulsó por decreto ley el pasado enero.
  • La dotación: El plan de choque prevé la dedicación de 54 juzgados (uno por provincia y otro en cada una de las principales islas de los archipiélagos balear y canario) en materia hipotecaria de manera exclusiva, aunque no excluyente. Además, las sedes se reforzarán con 65 jueces en prácticas que han recibido formación específica.
  • El compromiso: En la reunión mantenida ayer con el CGPJ y los responsables de Justicia de distintas comunidades autónomas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió a nombrar tantos letrados como sea necesario para reforzar los juzgados afectados si la carga de trabajo lo requiere a fin de que el tiempo de respuesta de la justicia española no se resienta.
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