Justicia

Transparencia Internacional pide que se entregue la instrucción a los fiscales

La organización cree necesario introducir un código ético para la Fiscalía

Demanda la creación de una oficina de prensa que canalice la información

Transparencia Internacional (TI) considera necesario que, en el menor tiempo posible, se lleve a cabo en España la necesaria asunción por parte de la Fiscalía de la dirección de la investigación penal, modelo que ya funciona en la totalidad de los países de nuestro entorno. Se trata de una de las medidas que esta organización ha propuesto para la Fiscalía, tras el encuentro que su presidente en España, Jesús Lizcano, ha mantenido este viernes con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, encuentro en el que también ha participado el jurista peruano José Ugaz, secretario general de Transparency International.

Según argumenta TI, “es necesaria una importante reforma procesal de manera que el fiscal sea el instructor, y no el propio juez que actualmente instruye y dicta sentencia”. En este sentido, consideran que “debería haber un fiscal instructor, un juez de garantías y la defensa, como los tres ejes fundamentales de los procesos judiciales”.

Según recoge la nota hecha pública por la Fiscalía, José Manuel Maza ha agradecido la entrega de la documentación, y ha considerado “muy interesantes” las conclusiones a las que llega el documento en lo que se refiere al Ministerio Fiscal, ya que España es el único país de Europa donde los jueces aún dirigen la instrucción penal. Además, el fiscal general ha expresado la necesidad de incrementar la autonomía de los fiscales a través de una reforma de su Estatuto Orgánico.

En la docena de propuestas que ha planteado la organización internacional para la erradicación de la corrupción y la potenciación del papel del Ministerio Público en España, figuran también, entre otras, la necesidad de introducir un código ético para la Fiscalía, acabar con la dependencia financiera respecto del poder ejecutivo, la transparencia en los nombramientos y en los planes de actuación de los fiscales, y la autonomía en la dotación de nuevas plazas.

Además, la organización considera urgente abordar los problemas de escasez de recursos personales y materiales y avanzar en el camino de autonomía e independencia de la Fiscalía General del Estado. Las propuestas también abordan otros aspectos como el mayor rejuvenecimiento de la plantilla (la edad media alcanza los 58 años) y un mayor equilibrio entre hombres y mujeres (actualmente los primeros representan el 70% de la carrera).

Finalmente, demanda la creación de una oficina de prensa en la Fiscalía General, “que pueda canalizar la información a los medios, de una manera rigurosa y objetiva, superando las filtraciones, y respetando escrupulosamente el secreto del sumario, de forma similar a lo que ya existe en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional”.

Las propuestas de Transparencia Internacional

La lista de iniciativas que ha propuesto Transparencia Internacional para el Ministerio Fiscal en España son las siguientes:

1. Necesidad urgente de un código ético de la Fiscalía

Es urgente la aprobación y publicación de un Código Ético de la Fiscalía General, que garantice ante la sociedad que las actuaciones de los miembros y el personal de los distintos órganos y salas de la Fiscalía respondan a unos principios de ética, integridad y transparencia. Ello contribuirá, además, a un aumento de la credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos respecto a esta institución.

2. Acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al poder ejecutivo, que dificulta su necesaria independencia y transparencia

El Ministerio Fiscal precisa disponer de un presupuesto propio para poder ejercer de forma independiente sus funciones. Si como ocurre ahora, depende financiera y presupuestariamente del poder ejecutivo (Ministerio de Justicia) ello supone una evidente limitación en su independencia. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (2007) establece la necesaria individualización o autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, disposición legal que diez años después (2017) no se ha llegado a cumplir. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa viene denunciando este hecho y en sus recomendaciones al Gobierno de España (Informe 2013) establece la necesidad de impulsar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal como mecanismo crucial para la confianza pública que la incoación de una acción judicial sea, y parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, en especial de naturaleza política.

3. Escasez de recursos humanos y lentitud en la justicia

Resulta urgente afrontar por parte de la clase política y los grupos parlamentarios la inadmisible escasez de recursos humanos y materiales de la Justicia en España. Hay en este país aproximadamente la mitad de jueces (11) que la media de la Unión Europea (21) por cada cien mil habitantes. Algo similar ocurre con los fiscales, ya que en Europa hay 12 fiscales por cada cien mil habitantes frente a los 5 fiscales que hay en España. Ello contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la Justicia en este país.

En este sentido, y dada la intolerable demora existente en la instrucción y el enjuiciamiento, resulta tan necesario como urgente adoptar medidas legales e institucionales para duplicar como mínimo la plantilla de jueces y fiscales en un corto periodo de tiempo. La justicia lenta no es justicia, y si se trata de la Justicia penal ello conlleva que el último resorte de intervención y de garantía del Estado no funciona.

4. Transparencia en los nombramientos

Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscalía Anticorrupción sean reuniones públicas y sean grabadas, tal como se hace en numerosos países, y en España para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Es igualmente necesario hacer públicos los nombramientos por el Fiscal General de cargos como los Fiscales decanos, o los Delegados anticorrupción, entre otros, los cuales se deberían publicar tanto en la propia web de la Fiscalía como en el Boletín Oficial del Estado (cosa que ahora no ocurre ya que su inclusión no pasa por un Real Decreto). Es muy importante para la transparencia de esta institución que se publiquen estos nombramientos.

5. Reforma jurídica de la carrera fiscal

Resulta urgente la reforma del Reglamento de Carrera Fiscal que data del año 1969, y la necesaria regulación legal y reglamentaria de esta carrera con el fin de adaptarla a la regulación recogida en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, y avanzar así en el camino de autonomía e independencia de la Fiscalía General.

6. Insuficiencia de recursos tecnológicos

El Ministerio Fiscal adolece de claras insuficiencias tecnológicas, y necesita contar con herramientas propias que hagan posible desempeñar sus funciones de una forma eficaz, y que aseguren el principio de unidad de actuación de un Ministerio Fiscal que trabaja en un mapa tecnológico muy complejo donde conviven una gran diversidad de aplicaciones. Una buena parte del nivel de su eficacia operativa depende de la resolución de estas limitaciones tecnológicas.

7. Asunción de competencias básicas por la Fiscalía General

Resulta necesaria la reforma del régimen de formación de los fiscales, tanto en lo relativo a la formación de quienes ingresan en la carrera fiscal, como de la formación continuada de los fiscales. Es necesario que tanto la selección como el desarrollo de la formación de los fiscales pase a ser competencia del propio Ministerio Fiscal, de cara a aumentar su nivel de independencia en lo relativo a esta importante función para el desarrollo profesional de los fiscales.

8. Transparencia en los planes de actuación de los fiscales

Es necesaria la publicación de los planes de actuación de los distintos fiscales jefe y de los fiscales de sala (actualmente sólo se publican, y de forma efímera, los planes de los candidatos a las plazas de estas fiscalías). Es un elemento básico de transparencia que se publiquen estos planes, y especialmente el plan de actuación del fiscal Anticorrupción, para que los ciudadanos puedan conocer con cierto detalle las actividades que desarrollan y las que tienen previstas.

También se deberían publicar las asignaciones, modificaciones o revocaciones de fiscales que pueda haber dentro de la Fiscalía.

9. Autonomía en la dotación de nuevas plazas de fiscales

Actualmente la dotación de nuevas plazas es un atributo específico del Ministerio de Justicia. Nadie mejor que la Fiscalía conoce sus necesidades para que al menos pueda proponer las dotaciones anuales de las nuevas plazas de esta institución.

10. Equilibrio de edad y género

Es necesario un progresivo rejuvenecimiento de la plantilla de los fiscales de los órganos centrales, cuya edad media alcanza los 58 años. También resulta necesario un mayor equilibrio de género en el conjunto general de los fiscales: actualmente el 70% son hombres, y el 30% son mujeres.

11. Reforma procesal

Es necesaria una importante reforma procesal de manera que el fiscal sea el instructor, y no el propio juez que actualmente instruye y dicta sentencia. Debería haber un fiscal instructor, un juez de garantías y la defensa, como los tres ejes fundamentales de los procesos judiciales.

12. Creación de una ofician de prensa en la Fiscalía

Resulta necesaria la creación de una Oficina de prensa en la Fiscalía General, que pueda canalizar la información a los medios, de una manera rigurosa y objetiva, superando las filtraciones, y respetando escrupulosamente el secreto del sumario, de forma similar a lo que ya existe en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

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