El Gobierno maniobra en Bruselas para blindarse frente a los arbitrajes
Madrid confía en que la CE declare ayuda de estado ilegal parte de los subsidios Vestager no admite el pago de indemnizaciones por regímenes ilegales
El Gobierno de Mariano Rajoy maniobra en Bruselas para blindarse contra las multimillonarias demandas por el recorte de subsidios a las energías renovables, una amenaza presupuestaria que la semana pasada se concretó ya con una primera condena a España de 128 millones de euros.
Madrid espera que la Comisión Europea declare esos subsidios, totalmente o en parte, como ayudas de Estado ilegales, una decisión que podría eximir al Gobierno de abonar a los demandantes procedentes de otros países de la UE.
Como parte de esa estrategia, el Gobierno notificó de manera retroactiva incluso las medidas de apoyo adoptadas durante el mandato de Rodríguez Zapatero. Una maniobra que, según fuentes jurídicas, persigue un veredicto en contra de la CE que permita ignorar los laudos de los paneles internacionales de arbitraje.
La treta del ejecutivo español sigue los pasos de un proceloso conflicto sobre ayudas de Estado en Rumanía, con el que Bruselas espera sentar un precedente sobre la preminencia de la normativa comunitaria sobre los tratados bilaterales de protección al inversor entre países miembros de la UE.
En el caso rumano (conocido como Micula, por el apellido de uno de los demandantes), la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha prohibido a Bucarest que acate un laudo del CIADI de 2013 que condenaba al país a pagar una indemnización (intereses incluidos) de 178 millones de euros a inversores suecos por haber abolido cuatro años antes de lo previsto un régimen de subsidios regionales. Vestager incluso ha exigido que dos inversores suecos, que ya habían recibido parte de la indemnización, reembolsen el dinero.
La prohibición de Vestager se debe a que el régimen de ayudas fue declarado como ayuda de Estado ilegal. Y la compensación por su abolición, se considera como una nueva ayuda de Estado, igualmente ilegal.
España confía en aplicar la misma lógica a los recortes de las renovables. Pero el plan tiene todavía varios pasos por delante. En primer lugar, la CE debería declarear ilegal alguno de los regímenes de ayudas revisados por Zapatero o por Rajoy, lo cual aún no ha ocurrido. Si fuera así, el laudo del Ciadi de 128 millones de euros a favor de inversores europeos también sería una ayuda de estado ilegal y no pagable.
Pero, además, los inversores del caso rumano han recurrido ante el Tribunal de Justicia europeo, que aún no ha fallado. Si el veredicto da la razón a Vestager, las indemnizaciones en base a tratados bilaterales de inversión dentro de la UE podrían tener los días contados. Una decisión de gran calado porque hay... tratados entre socios comuniarios, y numerosas demandas en marcha, como las de las renovables en España o el fin de la energía nuclear en Alemania...