Bruselas investiga los pactos de precios en el comercio electrónico
Fabricantes y distribuidores utilizan programas para comparar y unificar sus ofertas Algunas compañías también impiden la distribución exclusiva a través de Internet
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha anunciado hoy que reforzará el control de las prácticas anticompetitivas en el comercio electrónico tras comprobar que algunas compañías restringen la capacidad de elección de los consumidores y evitan que bajen los precios en la venta a través de internet.
Tras una investigación sectorial de dos años sobre el comercio electrónico, la Comisión Europea ha detectado que las empresas utilizan a menudo programas de software para vigilar los precios de la competencia, lo que puede traducirse en un cártel de facto.
Bruselas teme que esa práctica "facilite o refuerce la colusión de precios entre los distribuidores" y "reduzca los incentivos para desviarse de los precios pactados".
La investigación ha revisado unos 8.000 acuerdos de distribución y licencia de derechos y ha recabado la opinión de casi 1.900 empresas y organizaciones de toda la UE. Tras analizar toda esa información, el departamento de Vestager concluye que "la creciente transparencia de precios es la característica del mercado que más afecta a la conducta de empresas y consumidores".
La dirección general de Competencia calcula que el 53% de los distribuidores que han participado en la consulta monitorizan el precio online de sus competidores. Y siete de cada diez, utilizan un programa de software para comprobar los precios de manera automática.
La vigilancia de precios, según Bruselas, tiene una doble consecuencia negativa para el consumidor. Por un lado, permite al fabricante verificar si alguna tienda vende por debajo del precio recomendado y "adoptar represalias contra ellos". Por otro, el propio distribuidor puede elevar sus precios tan pronto como detectan que otro vende más caro. "La disponibilidad de información en tiempo real sobre los precios puede desencadenar una coordinación automática de precios", señala el informe de la investigación sectorial publicado hoy por la CE.
La investigación también ha revelado que más de la mitad de los fabricantes aplican a sus distribuidores una doble tarifa mayorista en función del canal de venta, con precios más altos para el comercio electrónico y más bajo para las tiendas. El departamento de Vestager advierte que esa doble tarifa constituye una grave violación de las normas europeas de competencia si se aplica a un mismo distribuidor.
El desarrollo del comercio electrónico también ha disparado el número de fabricantes que recurren a "sistemas selectivos de distribución", que les permiten preservar la imagen de marca con criterios de cantidad y calidad. Esos acuerdos son legales (salvo en casos de empresas con una cuota de mercado de más del 30%), pero Bruselas sospecha que también se está abusando de ellos para penalizar la venta a través de internet.
Más de la mitad de las compañías con acuerdos de distribución selectiva no permiten la venta de sus productos a distribuidores exclusivamente on-line. Esas empresas exigen a sus distribuidores que dispongan de establecimiento físico, una obligación que, según Bruselas, "no parece tener ningún vínculo con los criterios de calidad". Bruselas advierte que revisará ciertos casos de manera individual para verificar si se están infringiendo las reglas de competencia.
Bruselas inició su investigación el 6 de mayo de 2015, como parte de su estrategia para desarrollar un Mercado único digital. El objetivo era identificar los posibles problemas de competencia que puedan surgir en el comercio electrónico, un canal de distribución que no ha dejado de aumentar en los últimos años. En 2016, según la CE, el 55% de los europeos entre 16 y 47 años han realizado alguna compra a través de internet, frente al 30% de hace 2007.
La dirección general de Competencia espera utilizar las conclusiones del informe publicado hoy para abrir expedientes en casos concretos. Y recuerda que, ya el pasado mes de febrero, se iniciaron tres expedientes, uno de ellos contra la cadena hotelera Meliá por alcanzar acuerdos con algunos operadores turísticos para discriminar a los clientes en función de su origen geográfico.