España cuenta con más de 2.600 pueblos con un acceso a internet ‘al ralentí’

Cerca del 25% de la población no puede acceder a internet a más de 30 Mbps En casi 600.000 hogares la conexión es inferior a dos Mbps

La Agenda Digital Europea tiene entre sus objetivos el llevar internet a una velocidad mínima de 30 Mbps al 100% de la población en el año 2020. Sin embargo, cerca de un 25% de la población española todavía no tiene acceso a infraestructuras que permitan navegar por la red a esa velocidad.

El escenario no queda ahí porque la desigualdad territorial provoca que en al menos 31 provincias, entre el 30% y el 65% de su población no pueda acceder a internet a través de banda ancha fija a los 30 Mpbs establecidos en la citada Agenda Digital, según el último informe de cobertura de banda ancha del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En este caso, Toledo y Teruel son los territorios que cuentan con los peores porcentajes, en ambos casos, en torno a un 65% de la población.

Más aún, hay ocho provincias en las que entre el 20% y el 40% de la población no puede acceder a internet a más de 10 Mbps: Coruña, Gerona, León, Lugo, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Teruel. De forma minoritaria, algo más del 3% de la población española no puede navegar por la red a más de dos Mbps.

La mayor parte de los accesos de la llamada España sin internet están en zonas rurales, entre municipios remotos y las llamadas entidades singulares de población: parroquias, pedanías o barrios alejados. Según datos publicados por Hispasat, en España hay todavía 2.682 municipios remotos o poco poblados que no disponen de acceso a internet a un mínimo de 10 Mbps. Además, en casi la mitad de los pueblos españoles (un total de 4.037 municipios) la banda ancha fija no alcanza los 30 Mbps establecidos como objetivo para toda la población por la Agenda Digital Europea para el año 2020, y en casi 600.000 hogares la conexión es de menos de dos Mbps.

Fuentes de Eurona, operadora que ofrece servicios de banda ancha vía radio o satélite, señalan que la brecha digital se actualiza todos los años en la medida en que se amplían los objetivos de cobertura, y advierten de que el hecho de que la Agenda Digital Europea haya establecido el mínimo de velocidad en 30 Mbps ha situado a buena parte de España en esa brecha. La empresa ha centrado parte de su estrategia en crecer en localidades pequeñas en el ámbito rural y comercializar servicios de banda ancha a través de tecnologías de radio a través de la banda de 3,5 GHz o vía satélite, a través de su filial Quantis. En la actualidad, Eurona está trabajando en distintos proyectos de mejora de cobertura en zonas de los Pirineos, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

En esta línea, fuentes de Hispasat defienden que la única tecnología que va a permitir en muchas zonas acceder a velocidades de 30 Mpbs antes de 2020 es el satélite, que permite la cobertura total de forma casi inmediata. “Hay zonas a las que no va a llegar ni la fibra, porque ni siquiera han tenido cobertura de cobre, ni la telefonía móvil”, indican.

Los partidarios de estas tecnologías señalan que hay ofertas en el mercado por precios en el entorno de los 25 euros al mes, que incluyen el acceso a internet a velocidades entre 20 y 30 Mbps, si bien técnicamente es posible llegar a 100 Mbps.

En cualquier caso, el reto de acabar con la brecha digital tiene una trascendencia que va más allá de la tecnología. En juego está el desarrollo económico y social de las poblaciones que todavía están dentro de la ‘España sin internet’.

Ayudas estatales de 330 millones

Las ayudas del Estado a los despliegues de las redes de banda ancha de alta velocidad en España, especialmente fibra óptica hasta el hogar superan los 330 millones de euros entre 2013 y 2017. Unas aportaciones, destinadas a los operadores en régimen de concurrencia competitiva, que no han dejado de aumentar durante este periodo de tiempo. En este sentido, el Consejo de Ministros autorizó hace dos semanas al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a convocar ayudas por un importe de 100 millones de euros en 2017, ampliables en otros cinco millones de euros, dentro del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación. En 2013, estas ayudas habían rondado los 55 millones de euros.

Las ayudas incluyen tanto subvenciones como créditos, así como acceso a la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo de las aportaciones pasa por impulsar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad (por encima de 100 Mbps), especialmente en zonas rurales donde los despliegues comerciales no llegan por las dificultades de rentabilización.

De cara a la convocatoria de 2017, buena parte de las aportaciones tendrán como objetivo los archipiélagos de Canarias y Baleares, dadas sus características insularidad y dispersión poblacional.