Telefónica elimina la histórica filial de cabinas públicas

La actividad de las cabinas continúa su declive

En otoño segregó los teléfonos públicos de las prisiones

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Cabina telefónica en la Puerta del Sol de Madrid.

Telefónica ha procedido a una amplia reorganización de las actividades vinculadas a las cabinas y teléfonos públicos. Así, la operadora ha procedido a aprobar la absorción de la histórica Telefónica Telecomunicaciones Públicas (TTP) por parte de Telefónica de España, con la consiguiente disolución sin liquidación por parte de la sociedad absorbente, que se quedará con todo el patrimonio y activos.

La absorción de TTP por parte de Telefónica España se encuadra en el plan de simplificación y eficiencia puesto en marcha por la teleco. La actividad vinculada al servicio universal en el que se establecen las cabinas se seguirá prestando desde Telefónica España, mientras que el segmento de los desfibriladores se enmarcará en los servicios de salud que comercializa la operadora.

No es el primer movimiento de la operadora en este ámbito. En otoño de 2016, la operadora decidió segregar de TTP los activos vinculados a las cabinas en cárceles e instituciones penitenciarias para englobarlos en una nueva sociedad. Y es que los teléfonos públicos en los centros penitenciarios deben mantenerse.

Lo cierto es que la actividad relacionada con las cabinas telefónicas sufre un fuerte declive como consecuencia de la generalización de los móviles. En la actualidad hay ya 110,1 líneas por cada 100 habitantes).

En términos generales, a finales de diciembre el Gobierno obligó a Telefónica a asumir el mantenimiento de los servicios de cabinas y guías durante 2017, con la opción de establecer una prórroga hasta final de 2018. La medida se decidió tras quedar desierto el concurso público para su provisión.

El sector está a la espera de la decisión final del Gobierno sobre si se elimina la obligación del suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago del servicio universal.

En la primavera de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) propuso al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo que revisase la obligación de mantener las cabinas dentro del servicio universal de telecomunicaciones. La autoridad reguladora advirtió de que se había observado una disminución del uso de estos teléfonos públicos, con un aumento de los costes incurridos en la prestación del servicio. A finales del pasado año había en España algo más de 16.000 cabinas telefónicas.

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