La CNMV exige un mínimo de 80 horas de formación a los empleados de banca
El número de trabajadores del sector en España roza los 200.000 El supervisor no exigirá un título externo, pero sí publicará una lista de certificadores
Los 194.283 empleados de banca tendrán que probar que saben de lo que hablan cuando vendan productos en las sucursales. La CNMV ha publicado hoy la guía que deben seguir los comerciales de las entidades financieras en enero de 2018. Si no cumplen las exigencias, sometidas a consulta pública hasta el 10 de mayo, no podrán asesorar ni informar. Esta norma es una consecuencia de la entrada en vigor de la directiva europea Mifid 2 para que los pequeños inversores estén más protegidos y los mercados funcionen mejor. El objetivo es que esté lista antes del 3 de julio, límite para la trasposición.
El examen externo, el gran temor de la banca y también de los trabajadores, será opcional. Las entidades podrán acreditar los conocimientos de sus empleados a través de cursos y evaluaciones internas, pero cuando así lo hagan la responsabilidad recaerá en el consejo de administración o en el comité de cumplimiento normativo de la entidad. Es más, la CNMV se reserva la posibilidad de “realizar pruebas sobre los conocimientos del personal relevante”. Fuentes conocedoras de las intenciones del supervisor señalan que esas pruebas no serán tanto exámenes sorpresa, sino otras fórmulas, como los compradores misteriosos (mystery shopping).
El número mínimo de horas de formación será de 80 para el personal que ofrezca información y de 150 para el que asesore. Si bien, la entidad podrá establecer un número de horas inferior. Fuentes conocedoras del documento señalan que la proporcionalidad reinará en la aplicación de la norma: no se exigirá lo mismo a las entidades que venden productos más complejos que a las que comercializan artículos menos sofisticados. Los bancos y también las empresas de servicios de inversión (agencias y sociedades de valores y empresas de asesoramiento financiero, a las que también aplica la norma) deberán disponer de un registro de cada empleado, con sus acreditaciones, conocimientos y con su experiencia.
El supervisor que preside Sebastián Albella elaborará además una lista de certificadores que supondrán la máxima confianza de que las plantillas saben todo lo necesario para realizar con plenas garantías sus cometidos. Es el denominado modelo mixto, el que más opciones tenía de imponerse, como publicó este periódico el pasado 18 de abril. También podrán servir de garantía externa otros títulos distintos de los incluidos en la lista; aquí, también la responsabilidad de la entidad será máxima en que se cumplan las directrices.
Esta decisión se toma por el escenario de partida en España. El 75% del personal que asesora tiene formación universitaria, pero solo un 49% se encuentra acreditado por algún certificador externo, como EFPA o CISI. En el caso del personal que informa, solo el 7,1% cuenta con una validación.
La exigencia de un título externo hubiera supuesto invalidar la capacidad de trabajar de un elevado porcentaje de la actual red de ventas de la banca española y tampoco existe un criterio uniforme en otros países comparables (véase gráfico). La decisión más laxa hubiera sido ni siquiera designar unos examinadores externos ni pedir un número de horas mínimo de formación.
Además de demostrar la formación, de manera interna por la entidad o con un título externo, la CNMV exige una experiencia de seis meses en la prestación de esos servicios. Los empleados tendrán un plazo para formarse de cuatro años como máximo, y en ese tiempo podrán realizar las labores con un supervisor. La capacitación, en todo caso, no será para siempre, sino que se exigirá una formación continua de al menos 20 horas para los informadores y de 30 para los asesores.
La ESMA, el coordinador de los supervisores de los mercados de valores de la zona euro, publicó sus directrices en mayo del año pasado. El objetivo es que no vuelvan a colocarse en avalancha productos complejos y peligrosos como las preferentes –en 2009, las entidades españolas emitieron más de 12.000 millones en estos productos a pequeños inversores–, entre otros artículos financieros de los que algunos comerciales desconocen su funcionamiento.
A las personas que informan se les exigen 10 puntos; entre ellos, que conozcan las características y los riesgos de los productos, que sean conscientes de los costes para los clientes de los artículos financieros y que tengan conocimientos básicos para su valoración. Los trabajadores que den consejos concretos de inversión deberán, además, “conocer cómo el producto puede no ser adecuado”, que sepan los requisitos de idoneidad y que conozcan principios de gestión de carteras.
Solo aquellos trabajadores que digan dónde se puede encontrar información, los que distribuyan folletos o documentos y los que no tengan contacto directo con los clientes no tienen obligación de probar sus conocimientos. Fuentes del sector señalan que más del 50% de la plantilla del sector financiero tendrá que someterse a las directrices. De los casi 200.000 trabajadores del sector deberían pasar la evaluación más de 100.000.
Flexibilidad
La Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) son partidarias de la máxima flexibilidad posible. Inverco, la asociación de fondos de inversión, considera que el modelo mixto que propone la CNMV es el más adecuado. Los certificadores externos opinan que lo más riguroso sería limitar el periodo para el que, al menos los asesores, puedan ejercer este servicio sin una acreditación. Lo ideal sería concretar una fecha límite, a su juicio.
De nuevo, hay grandes diferencias entre bancos. BBVA y CaixaBank llevan años proporcionando formación a su plantilla y facilitando a sus trabajadores la obtención de un título externo. También Banco Santander y Bankia han tomado medidas y han aceleraddo sus planes para elevar los conocimientos de sus plantillas comerciales.
