Los ingenieros piden que la oferta técnica pese el 80% en el concurso

Reclaman acabar con las bajas temerarias y extender el uso del concurso restringido

Los ingenieros de caminos quieren acabar con las subastas en la contratación de ingeniería y con la temeridad de las ofertas, según se puso de manifiesto ayer en una jornada organizada por el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que aglutina a las 11 principales empresas del sector español.

La nueva Ley de Contratación del sector público, que se tramita en el Congreso como consecuencia de la trasposición de la Directiva Europea de Contratación, en la que España ya acumula un año de retraso, debería, en opinión de estos profesionales, corregir el excesivo peso del precio frente a la calidad técnica que incluyen las ofertas que se presentan a las licitaciones públicas.

Y es que, en la actualidad, el precio por el que una empresa plantea que está dispuesta a realizar el trabajo que se licita suele tener mucha más influencia que la propuesta técnica. Para cambiar esta realidad, evitar las bajas temerarias y los temidos modificados, los ingenieros reclaman que los concursos pasen a otorgar un 80% de la valoración total de cada oferta a la parte técnica y no a la económica.

Ejemplo público

Durante la jornada celebrada ayer sobre ingeniería y eficiencia, se puso de manifiesto cómo la Administración tradicionalmente ha primado más que la oferta económica fuera a la baja que el proyecto fuese de mayor calidad técnica. Así, entidades dependientes del Ministerio de Fomento o de Agricultura se alejan mucho de ese objetivo de que la oferta técnica cobre más protagonismo. Solo Adif, que hasta hace unos meses otorgaba al precio un peso del 75% de la valoración en las adjudicaciones, recientemente lo ha reducido al 51%. El caso extremo lo constituye AENA, que según denuncia Fidex, contrata mediante subasta pura y dura (al precio más bajo) y apenas exige un mínimo de acreditación técnica.

Otra de las reivindicaciones históricas de este colectivo sobre las distintas fórmulas de contratación es la necesidad de extender el concurso restringido, tal y como ocurre en la mayoría de países de Europa. Los ingenieros defienden que para contratos con un presupuesto superior a los 300.000 euros debería recurrirse al concurso restringido. Este mecanismo consiste en preseleccionar, de acuerdo a unos criterios objetivos, qué tipo de empresas pueden optar a la licitación. De esta forma se evitaría que se adjudicara el concurso a una compañía que luego no sea capaz de finalizar el trabajo.

Una vez que se haya hecho esa preselección de las empresas que sí cumplen con las condiciones exigidas (experiencia, equipos humanos o implantación local, entre otros), en la segunda fase se adjudicará el contrato a la entidad cuya oferta sea, conforme a las puntuaciones de tres expertos independientes entre sí, la que obtenga la mayor valoración en los parámetros de precio y calidad técnica. La mejor media de esas tres puntuaciones será la que finalmente resulte adjudicataria.

En cuanto a las bajas temerarias, los ingenieros aseguran que éstas no deberían superar la barrera de los cinco puntos porcentuales sobre la baja media de todas las ofertas presentadas. En este sentiodo, explican que tan importante es poner coto a esta práctica de presentar ofertas muy por debajo del precio de licitación, como lo es el hecho de que los licitadores, básicamente la Administración, no deberían aceptar las justificaciones que realizan algunas empresas para explicar sus precios anormalmente bajos. En opinión de los ingenieros, nunca deberían darse por buenos argumentos poco objetivos o vagos.

Tal y como explicó el director general de Fidex, Fernando Argüello, “las ingenierías pedimos simplemente que España trasponga la directiva comunitaria fielmente de acuerdo a lo que consideramos las tablas de la ley en la contratación de la ingeniería. La situación puede agravarse si la ley que surja del trámite parlamentario no cumple con estos mandamientos para poner fin a la ingeniería low cost que provoca sobrescostes, imprevistos y retrasos en los plazos de ejecución de las obras. Dinero que pagamos todos los contribuyentes”.