Vestager busca al ‘Snowden’ que denuncie los cárteles empresariales
La CE abre un canal anónimo para recibir denuncias de los empleados de las empresas Bruselas espera recibir información interna sobre pactos de precios y reparto de mercados
Por conciencia social. Por arrepentimiento. O simplemente por despecho hacia sus compañías. El caso es que los empleados pueden convertirse en una valiosísima fuente de información para las autoridades, como se ha comprobado en casos recientes de espionaje, con Edward Snowden, o de fraude fiscal, con la lista de Hervé Falciani. Y la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, está dispuesta a que esos chivatazos desde la sala de máquinas o, más bien, desde las cercanías de la dirección, se conviertan en una auténtica pesadilla para las empresas involucradas en prácticas ilegales como los cárteles.
“El conocimiento de los entresijos de una compañía puede constituir un potente instrumento para ayudar a la Comisión Europea a detectar cárteles y otras prácticas contrarias a la competencia”, señaló Vestager la semana pasada al anunciar la puesta en marcha de un canal de denuncias, anónimas o con nombre y apellidos, para las personas que dispongan de información relevante sobre un cártel empresarial.
Bruselas ofrece desde hace años un programa de clemencia que permite a las propias empresas la posibilidad de denunciar un cártel del que formen parte a cambio de librarse de una sanción multimillonaria. El programa, según la CE, ha funcionado bien y “la mayoría de los cárteles han sido detectados” gracias a esos chivatazos.
La CE, sin embargo, está convencida de que hasta ahora sólo ha descubierto la punta del iceberg de unos acuerdos ilegales que gangrenan la economía europea. Las pérdidas provocadas por los acuerdos ilegales para repartirse el mercado o subir precios oscilan anualmente entre 181.000 millones de euros y 320.000 millones, según un reciente informe del Parlamento Europeo.
Vestager pretende erradicar esa lacra, o al menos mitigar su impacto, apelando a la conciencia ciudadana de los empleados que tienen datos sobre prácticas colusivas pero no se atrevían a denunciar a sus compañías.
Encriptado
La CE les ofrece ahora “un sistema de mensajes cifrados”, según explica la dirección general de Competencia. El canal opera a través de un servidor ajeno a la CE y gestionado por un tercero, el cual permite borrar todos los metadatos (como el IP del ordenador) que podrían servir para identificar al informante. La denuncia se puede escribir en cualquier idioma oficial de la UE. El denunciante que desee identificarse también puede dirigirse a la CE por correo electrónico ( comp-whistleblower@ec.europa.eu) o por teléfono (0032-2-29 74800).
Los chivatazos de las empresas empiezan a flojear
El programa de clemencia de la Comisión Europea se inició en 1996 y ha ido haciéndose más generoso para atraer a un mayor número de denunciantes. Las reformas de 2002 y de 2006 multiplicaron las denuncias. Y las multas por cártel pasaron de 292 millones entre 1995 y 1999 a 9.400 millones entre 2005-2009.
Pero el programa empieza a flojear. “Hay un descenso en el número de solicitudes de clemencia”, señala Alfonso Lamadrid, abogado del despacho Garrigues en Bruselas. Lamadrid subraya que esa caída “coincide con el auge de las reclamaciones por daños”.
Bruselas aprobó en 2014 una directiva europea para facilitar las compensaciones a los perjudicados por un cártel. Y las empresas que dan el chivatazo no están exentas de esas indemnizaciones, potencialmente más elevadas que la multa. Es el caso del cártel de los fabricantes de camiones, en que Bruselas impuso el año pasado impuso la mayor sanción conjunta hasta el momento (2.900 millones de euros) y la mayor individual (1.008 milloens) a Daimler. El fabricante alemán MAN se libró de multa por dar el chivatazo. Pero según fuentes, ya está expuesta a peticiones de daños y perjuicios.
Esa amenaza ha restado atractivo al programa de clemencia y la CE busca ahora las denuncias de particulares. “Aunque no llega al extremo de compensar a los delatores, como se hace en otras jurisdicciones”, señala Lamadrid.