Energía

Colombia acumula cuatro arbitrajes ante el Ciadi en solo un año

Gas Natural reclamará un justiprecio de mil millones por Electricaribe en el arbitraje que presentará la semana que viene ante el tribunal arbitral del Banco Mundial

Policías custodiando la sede principal de atención al público de Electricaribe, en Barranquilla, el pasado noviembre.
Policías custodiando la sede principal de atención al público de Electricaribe, en Barranquilla, el pasado noviembre. Efe

La diplomacia colombiana en Madrid ha sacado su artillería para convencer a la opinión pública y a los inversores de que la liquidación (o suspensión de pagos) de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, no implica “un riesgo de inseguridad jurídica ni de desprotección de las inversiones”. En un comunicado de prensa, la Embajada de Colombia subraya que la medida “no se puede entenderse como una expropiación”, porque el Gobierno no va a quedarse con la compañía. Y atribuye el problema a “la insuficiencia de las inversiones requeridas para contrarrestar el deterioro de las infraestructuras” de una distribuidora que suministra electricidad a un10 millones de personas.

 Fuentes diplomáticas dicen estar preocupadas por la situación pero no creen que la incorporación de Colombia a la OCDE, que se dirime este año, “pueda estar en peligro”. Tampoco el hecho de que un país nada habitual del Ciadi haya acumulado cuatro arbitrajes en este tribunal arbitral del Banco Mundial, incluido el que va a presentar la semana que viene Gas Natural. Los otros tres son los presentados por América Móvil (del grupo mexicano Slim); Glencore y la minera canadiense Eco Oro. Según fuentes próximas a Gas Natural, la compañía reclamará una compensación de unos mil millones, “el valor razonable de una empresa regulada similar a Electricaribe”.

En fuentes del grupo español reconocen que, efectivamente, no se trata de una expropiación, “sino de algo peor: una expropiación sin justiprecio”. Y dividen a los países entre los que expropian y ofrecen un justiprecio (tal fue el caso de YPF, aunque la compensación ofrecida resultara totalmente insuficiente para Repsol); los que expropian sin indemnización y los que, como en este caso, se expropia no se compensa y “hay hostigamiento”. El último, la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abrir una investigación por corrupción a Electricaribe después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del país decretase el lunes la liquidación de la compañía.

En Colombia este organismo tiene potestad para intervenir empresas reguladas (algo similar al Banco de España respecto a las entidades financieras) evitando así que lo haga un juez. Se trata de un procedimiento concursal en aplicación de la ley de insolvencia económica o ley de quiebras, por el cual, la Superintendencia la sacará a concurso y los fondos obtenidos (se prevé que pocos o ninguno dada la devaluación derivada del proceso) se repartirán entre los acreedores. El concursado, como ocurre siempre, no percibirá nada. Se puede dar la circunstancia, como ocurrió con una distribuidora de Medellín, que el concurso fracase y la intervención del Gobierno se prolongue durante años.

El superintendente colombiano cifró el pasivo de Electricaribe en 1.315 millones, entre la deuda financiera y la de los proveedores de energía eléctrica. En Colombia, frente al sistema español en que un órgano supervisor, la CNMC, custodia los ingresos del sistema eléctrico, la distribuidora debe comprar la electricidad a las productoras, que paga con lo que recaudado de los clientes. La alta morosidad de la región es la que ha desencadenado, según Gas Natural, la crisis de Electricaribe, que acumula un volumen de impagos de casi 1.300 millones, una parte, correspondiente a ayuntamientos y otros organismos públicos.

Las fuentes diplomáticas antes citadas niegan que la causa principal del problema esté en la morosidad o la regulación:“la empresa lleva muchos años en Colombia y la regulación es la misma”. Otro argumento es que otras compañías desempeñan la misma actividad y continúan con la gestión”. Y una y otra vez apuntan a la falta de inversiones de Gas Natural en una red obsoleta, que provoca pérdidas de energía. Sobre la morosidad solo reconocen 50 millones de impagos por parte de entidades que denominan “semioficiales” (ayuntamientos y otros organismos que forman parte del Estado). En cuanto a los particulares, señala que un 72% de los subsidios van a la costa caribeña.

 

El embajador se reúne con empresarios del Ibex

La Embajada de Colombia en España está manteniendo en los últimos días contactos con representantes de empresas del Ibex, principalmente las que tienen intereses en el país, para tranquilizarles tras la decisión de Gas Natural de activar un arbitraje internacional tras la suspensión de pagos de su filial Electricaribe, algo que hará la próxima semana. Según fuentes diplomáticas, “hemos recibido mensajes de confianza” de las empresas y confirman que el embajador en España, Alberto Furmanski, ha fijado un encuentro con Antonio Brufau, presidente de Repsol, en calidad de accionista de Gas Natural (la petrolera tiene un 20% de su capital) y de inversor en Colombia. las autoridades reconocen estar “muy preocupadas por la situación” y, niegan que el Gobierno de Juan Manuel Santos está más preocupado por el proceso de paz o las siguientes elecciones que por el efecto del caso Electricaribe pueda tener sobre las inversiones: “El Gobierno no se lo está tomando a la ligera”, subrayan.

Entre las empresas españolas presentes en el país latinoamericano figuran también Telefónica, Mapfre, Indra, Aena o Sacyr. Y aunque desde la Embajada se alude “al buen entendimiento”, lo cierto es que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, remitió una carta a Bruselas reclamando su intermediación en el conflicto. Sobre el resultado de la petición de la patronal española, dicen “no tener constancia” y recuerdan que su homóloga colombiana, ANDI, también publicó un comunicado en el que no coincidía con las tesis de la CEOE.

En el comunicado remitido ayer por la Embajada en Madrid, esta recuerda que Colombia acumula el mayor volumen de inversiones extranjeras de su historia, “por las garantías jurídicas y las reglas claras de juego”.

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