El Consejo de Europa pide revocar la reforma del Constitucional
Ve inapropiado que asuma la función de velar por la ejecución de sus propios veredictos
El Consejo de Europa ha emitido un dictamen en el que pide a España que dé marcha atrás en la reciente reforma del Tribunal Constitucional, que confirió a esa corte la posibilidad de imponer sanciones de hasta 30.000 euros y suspender en sus cargos a las autoridades o cargos públicos que se resistan a acatar una de sus sentencias. La reforma fue aprobada en octubre de 2015, en lo que se interpretó como un ataque preventivo del Gobierno de Mariano Rajoy contra la posible resistencia de la Generalitat de Cataluña a respetar los veredictos de la máxima corte española.
La llamada Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que vela por el respeto al Estado de derecho y los valores democráticos, considera que la reforma no viola los estándares europeos. Pero considera inapropiado que el Tribunal Constitucional asuma la función de velar por la ejecución de sus propios veredictos.
“Para todas las medidas de ejecución, el Tribunal [Constitucional] no debe actuar de motu propio sino solo a petición de las partes”, señala el dictamen adoptado este viernes (10 de marzo) y divulgado este sábado. El texto definitivo del dictamen se publicará el lunes. Pero la Comisión de Venecia ya pide a España que reconsidere la reforma para preservar la imagen del Constitucional “como un árbitro neutral”. Los expertos del Consejo de Europa consideran que es más adecuado atribuir la ejecución de sentencias a otros organismos públicos, que se encarguen de velar por el respeto al Constitucional.
La Comisión de Venecia se ha pronunciado a petición del Comité de Control de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo. Sus dictámenes no son vinculantes, pero los Estados suelen asumirlos para no exponerse a críticas por contravenir el estado de derecho. En los últimos meses, la Comisión se ha pronunciado sobre reformas legales en Turquía, Polonia o Moldavia, pero también sobre las medidas antiterroristas en Francia.
En el caso de España, la Comisión concluye que la ampliación de poderes del Constitucional no viola ninguna norma porque no hay estándares europeos en esa materia. Pero tras un estudio comparativo de las legislaciones vigentes en Europa, considera que es contraproducente la reforma llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy.
“La atribución del poder de ejecución de sus sentencias al Constitucional puede parecer a primera vista un incremento de su poder”, señala la Comisión. “Sin embargo”, añade, “la división de competencias [entre dictar sentencias y ejecutarlas] fortalece el sistema control en su conjunto y redunda finalmente también en la independencia del Constitucional”.
La Comisión alerta, además, que las nuevas competencias sancionadoras deberán ejercerse, llegado el caso, en situaciones donde ya se ha producido un desacato. “La negativa a cumplir también con la ejecución [de la sentencia] podría suponer un desafío a la autoridad del Constitucional y, a su vez, de la propia Constitución”.