El control de la banca

El Tribunal de Cuentas añade dudas sobre la labor del Banco de España

El Tribunal de Cuentas considera que la supervisión bancaria es “insuficiente”

Fachada de la sede del Banco de España en la plaza de Cibeles de la capital.
Fachada de la sede del Banco de España en la plaza de Cibeles de la capital. EFE

El Banco de España acaba de recibir un nuevo varapalo en cuanto a su labor de supervisión del sector financiero. Después de que su papel en la crisis haya quedado en duda con la citación como imputados de los máximos responsables del organismo durante la salida a Bolsa de Bankia, el Tribunal de Cuentas subraya ahora otras deficiencias en su tarea.

El informe, conocido este miércoles pero centrado en la actuación del Banco de España durante el ejercicio 2015, pone de manifiesto algunas “deficiencias en la metodología” del supervisor a la hora de controlar a la banca.

El documento revela que el programa de inspecciones in situ, con inspectores integrados en las entidades, no logró sus objetivos y que las recomendaciones a las entidades, aunque se cumplen, no son objeto de seguimiento por parte del Banco de España.

El Tribunal de Cuentas insta al Banco de España a dotar con más personal a los equipos de inspección, concretando los perfiles profesionales necesarios y estableciendo planes de formación específicos.

En los últimos tiempos, sin embargo, el organismo que gobierna Luis María Linde ha hecho un especial esfuerzo en la contratación de nuevos efectivos en el marco de la supervisión única europea que le ha requerido entre otras cosas enviar inspectores a Fráncfort (sede del Banco Central Europeo).

Una transformación a la que el supervisor achaca la deficiencia de medios detectada en 2015 que asegura que viene siendo subsanada con los cientos de plazas que se han ido cubriendo desde entonces. En concreto, el supervisor aclara que tiene previsto sumar un centenar de inspectores en el periodo 2015 a 2018 a razón de unos 25 de media al año.

Los puntos flacos

Más allá de esta falta de recursos, el informe del Tribunal de Cuentas destaca que en su labor de revisión ha detectado deficiencias en la metodología que el Banco de España empleó para el seguimiento posterior del cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones realizados a las entidades, aunque por regla general esta cumplieron los requerimientos de capital efectuados.

En cuanto a las inspecciones in situ, el Tribunal de Cuentas destaca que no se consiguieron los objetivos sobre la periodicidad de las inspecciones que el propio supervisor se marcó internamente, así como tampoco se cumplieron plazos y trámites en el seguimiento de los requerimientos derivados de la labor supervisora.

Del lado de la evaluación de la idoneidad de los altos cargos propuestos por las entidades supervisadas, el informe detalla que la información facilitada por la banca no tenía carácter uniforme ni exhaustivo respecto a las funciones a desarrollar o los requisitos exigidos a los candidatos. La banca además, hacía oficiales los nombramientos y solo después consultaba al supervisor pese que no pueden ejercer hasta su inscripción en el registro oficial.

Del lado de la protección a la clientela, el Tribunal de Cuentas resalta que el programa no se ejecutó suficientemente ya que el Banco de España tuvo que asignar recursos a actividades no planificadas, fundamentalmente la oleada de reclamaciones por cláusulas suelo.

Además, aunque el 74% de las resoluciones sobre reclamaciones de la clientela se resolvieron a favor del consumidor, tales dictámenes no tienen carácter vinculante para las entidades, subraya el Tribunal de Cuentas.

Recomendaciones

Del lado de la transparencia, el informe del Tribunal de Cuentas habla de cumplimiento general de la normativa y tan solo de algunas “debilidades puntuales en la información suministrada”.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas realiza una serie de recomendaciones dirigidas al Banco de España, entre las que destaca la necesidad de dotar de más personal los equipos de supervisión; mejorar el seguimiento de las exigencias hechas a las entidades; reclamar una mejor información a las entidades supervisadas y continuar modernizando el uso de tecnologías en la vigilancia.

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