Energía

Bruselas pone en peligro el modelo societario de Enagás y Red Eléctrica

Cuestiona las ‘acciones de oro’ que mantienen los operadores energéticos porque violan la normativa sobre libre circulación de capitales

Valdis Dombrovski, comisario de Mercados Financieros.
Valdis Dombrovski, comisario de Mercados Financieros. Reuters

Bruselas ha redoblado el ataque contra el modelo empresarial de Red Eléctrica Española y Enagás, cuestionadas ya por su monopolio en áreas como las interconexiones energéticas internacionales. La Comisión Europea arremete ahora contra la acción de oro que el Gobierno español se ha reservado en REE y Enagás, operadores del sistema eléctrico y de gas y transportistas, aduciendo que la seguridad del suministro energético requiere un control político especial sobre las compañías que prestan esos servicios.

 España, en concreto, impide que cualquier inversor privado controle más del 5% del accionariado de Red Eléctrica o de Enagás. Y limita el derecho de voto de los accionistas privados a un máximo del 3%.

La combinación de ambas medidas otorga el control de ambas compañías al Estado español, que no está sometido a límites de participación accionarial ni de voto.

Bruselas inició el pasado 8 de diciembre un expediente de infracción contra España para exigir que desmantele ese blindaje a favor del Estado, información revelada por Expansión. El Gobierno deberá ahora presentar alegaciones para intentar convencer a la Comisión de que la acción de oro sólo pretende proteger un servicio público tan esencial como el suministro de gas y energía.

La justicia europea ha aceptado en ocasiones ese argumento, como en el caso de Bélgica. Pero la legislación belga no establece límites a la inversión a priori y sólo frena la entrada de un inversor cuando comprueba que puede poner en peligro la viabilidad de las compañía energéticas.

En el caso español, sin embargo, la norma parece una limitación indiscriminada y que otorga de facto al Estado el control de ambas compañías. Bruselas, de momento, considera que la norma es desproporcionada y viola la legislación europea sobre libre circulación de capitales.

Si las discrepancias entre Madrid y Bruselas no se resuelven, la Comisión Europea podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia europeo.

Bruselas ya ha denunciado al Estado español por ese motivo varias veces. En 2003, los jueces europeos obligaron a España a renunciar a la acción de oro que mantenía en Repsol, Telefónica, Tabacalera y Endesa, compañías entonces recién privatizadas.

Cinco años después, Bruselas también logró que España retirase la llamada Ley Rato, que limitaba al 3% la posibilidad de inversión privada en las compañías energéticas españolas.

La nueva embestida apunta ahora a dos empresas tan lucrativas como REE y Enagás, cuyo blindaje se había librado durante años del escrutinio de la CE. Pero en 2016, tras el referéndum del brexit, el comisario letón Valdis Dombrovskis, asumió la cartera de Mercados financieros, hasta entonces ocupada por el representante británico.

Dombrovskis, que el año pasado intentó sin éxito sancionar a España por incumplir el Pacto de Estabilidad, ha desempolvado la carpeta sobre la estructura accionarial de REE y Enagás. Un expediente que amenaza de muerte el blindaje de ambas compañías, lo que puede obligar al Estado a dejarlas en manos de los inversores privados o a aumentar la participación pública para poder mantener el control.

Límites estrictos de voto

La Ley Eléctrica, reformada en diciembre de 2013, mantiene el fuerte blindaje del accionariado de Red Eléctrica, que se reproduce en el caso de Enagás a través de la Ley de Hidrocarburos. Así, ningún accionista puede tener más del 5% del capital de esta sociedad ni ejercer derechos políticos por más del 3%. En el caso de tratarse de una compañía energética, no podrá tener paquetes de acciones de más del 3% y sus derechos de voto se reducen al 1%.

Además, si se trata de un generador o un comercializador de electricidad o gas sus derechos de voto serán cero en el caso de REE y Enagás, respectivamente. Y el conjunto de operadores no podría superar el 40% de las acciones de ambas compañías.

Por contra, al Estado no se le aplica ninguno de estos límites. De hecho, a través de la SEPI, este holding público en REE mantiene una participación histórica del 20% y en Enagás un 5%, que adquirió en 2007.

Esta situación provoca que los accionariados de ambas compañías sean multitud de fondos de inversión sin apenas poder y con participaciones exclusivamente fiancieras. Y que los consejos de estas empresas estén compuestos por expolíticos y exaltos cargos de los Gobiernos de turno. Sonado ha sido el reciente nombramiento como consejero de REE del exdirector general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que será ratificado en la próxima junta general de accionistas.

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