Energía cifra en 30 millones el coste de la subasta de renovables
Aunque aún faltan algunos meses para que se produzca la subasta de potencia de energías renovables (3.000 megavatios), la Administración ya está haciendo cálculos de lo que puede suponer la operación. Según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital todo apunta a que los proyectos que se presenten estarán muy cerca del mercado, con un coste en primas muy reducido. “El coste puede oscilar entre 30 y 40 millones de euros” anuales, indican las mismas fuentes, que señalan, no obstante, que se trata de cálculos preliminares.
El departamento que dirige Álvaro Nadal apuesta así por que la anunciada subasta pueda realizarse “a un precio competitivo”, frente a lo sucedido, según las mismas fuentes, con el real decreto 661/2007. La nueva subasta se celebrará previsiblemente en el primer semestre de este año. Según la memoria de orden ministerial en la que se regula la subasta, el coste máximo anual para el sistema derivado de la retribución a la inversión a los 3.000 MW ‘verdes’ nuevos será de 176 millones de euros anuales a partir de 2019. Este escenario es el más costoso de los contemplados por Energía.
Esta subasta, en la que la eólica y la fotovoltaica se presentan como las tecnologías con más opciones de adjudicarse megavatios, permitirá elevar en un 10% la potencia de renovables actualmente instalada en España, que supera los 30.000 MW. Esta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada.
El Ejecutivo esperará a que haya un debate sobre Garoña y que todos los partidos políticos fijen su posición antes de tomar una decisión sobre su futuro
Mientras ello se produce, el Gobierno tiene abierto otro asunto importante como es la toma de decisión (de aquí a agosto) sobre el futuro de la central nuclear de Garoña. Las mismas fuentes instan a los partidos políticos a que fijen un posición clara al respecto. De hecho, indican que el Gobierno está dispuesto a escuchar la valoración de los distintos grupos políticos antes de tomar su decisión sobre la continuidad o no de esta instalación.
El debate se centra ahora en saber si la decisión de Garoña se puede interpretar o no como un paso vinculante para el resto de centrales o para la política energética del Gobierno. “El Ejecutivo prefiere que no se vincule y que se tomen decisiones por separado, central a central; sin embargo, bueno está en que se sepa cual es la opinión de los grupos políticos”, señalan las mismas fuentes. En ese sentido, indican que “no es bueno” tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo, reconociendo de esta manera la situación de minoría del Gobierno.
Diálogo sobre autoconsumo e impuesto al sol
En relación al autoconsumo de electricidad, el Gobierno se muestra dispuesto a incorporar novedades como parte de su acuerdo con Ciudadanos siempre que esta actividad se realice de forma “eficiente”. Se atenderán los casos particulares de autoconsumo en los que una instalación no solo no genere sobrecostes, sino que “contribuya a abaratar los de distribución”. En esos casos, se podrán adoptar medidas para incentivar la instalación de sistemas de autoconsumo. El Gobierno, aseguran las mismas fuentes, considera que hay margen para realizar mejoras técnicas en la normativa y ha solicitado a los grupos políticos que remitan sus propuestas.
Del mismo modo sopesa la posibilidad de extender a zonas muy concretas la exención del llamado “impuesto al sol” de la que disfrutan los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) siempre que el autoconsumo sea más eficiente que el tendido de nuevas redes.