Bruselas exige a Montoro que dé toda la información a la Airef
Bruselas revisa por primera vez la aplicación del Tratado europeo de Estabilidad de 2012 España incumple en parte el Tratado por negar ciertos datos a la autoridad fiscal
La normativa española que permite al ministerio de Hacienda denegar ciertas informaciones a la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal viola el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza económica de la zona euro aprobado en 2012, según la primera evaluación llevada a cabo por la Comisión Europea.
El informe del organismo comunitario secunda, por tanto, las tesis de la Airef, que desde su creación mantiene un grave conflicto con el ministro Cristóbal Montoro por considerar que su departamento no le facilita toda la información necesaria para verificar la compatibilidad de los Presupuestos Generales con las normas europeas sobre déficit público y deuda pública. El principal punto de conflicto se generó por una orden ministerial de Hacienda publicada en 2015 y que en opinión de la Airef vulnera su “autonomía e independencia” al establecer que las solicitudes de datos de cualquier Administración deberán dirigirse siempre inicialmente a la Central de Información del Ministerio de Hacienda. En el caso de que no reciban respuesta y siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, la Autoridad Fiscal podrá solicitar la información directamente a un ayuntamiento o comunidad autónoma.
Bruselas concluye que las dos normas que restringen la información disponible para la Airef (un Real decreto y una Orden ministerial) violan el Tratado de 2012. La CE reclama a España que revise ambas normas "para que cumplan por completo los principios comunes" previstos en el Tratado.
El Tratado se aprobó a raíz de la crisis del euro a instancias del gobierno alemán de Angela Merkel, que pretendía blindar la estabilidad presupuestaria con una norma del máximo nivel por encima del desacreditado Pacto de Estabilidad para evitar fiascos contables como el de Grecia.
Cuatro años después de su entrada en vigor (el 1 de enero de 2013), la Comisión Europea ha revisado las medidas adoptadas en cada uno de los 22 países que se comprometieron a aplicar el Tratado de Merkel, también conocido como Fiscal Compact. Bruselas concluye que todas los Estados han llevado a cabo "adaptaciones significativas" en su marco fiscal nacional para adaptarse al nuevo Tratado. Pero ha encontrado algunos incumplimientos en países como Bélgica, Grecia, Eslovenia y España.
En España la mayor laguna es la agria relación entre Hacienda y la Airef. Bruselas avala la estructura y la independencia del organismo de vigilancia y considera que está bien dotado de recursos humanos y financieros (con un presupuesto en 2014 de 4,1 millones de euros). Pero Bruselas considera incompatible con el Tratado la normativa española que niega el acceso de la Airef a numerosa documentación interna de la administración (notas, borradores, informes...) y a toda la información que no sea consecuencia de un acto legal o de un requisito regulatorio. "Se puede concluir", lamenta el informe de la CE, que "esas excepciones dejan la posibilidad de restringir indebidamente el ámbito de información disponible para la Airef".
Bruselas, en cambio, da el visto bueno a las normas limitan la posibilidad incurrir en déficit de las administraciones públicas, comenzando por la polémica reforma del artículo 135 de la Constitución española, llevada a cabo en agosto de 2011, aún antes de firmarse el Tratado.
La CE cree que las normas españolas son incluso más estrictas que lo contemplado en el Tratado de Estabilidad y en la normativa europea, con unas exigencias de equilibrio estructural más elevadas que a nivel europeo.
Bruselas sólo albergaba una duda, en relación con la salvedad de la norma española en caso de "desastres naturales, severa recesión económica o emergencia extraordinaria". La CE veía en esa redacción una posibilidad para aumentar discrecionalmente el déficit invocando una amenaza "para la sostenibilidad económica o social" del país. Pero el Gobierno español le ha asegurado que esa cláusula sólo se puede esgrimir en caso de costes presupuestarios excepcionales relacionados directamente "con la supervivencia del Estado y la provisión de servicios mínimos a los ciudadanos". La explicación de Madrid ha convencido y tranquilizado a Bruselas que da su visto bueno a la normativa española a condición de que se obligue al ministerio de Montoro a dar toda la información necesaria a la Airef.