El Congreso insta al Gobierno a reclamar impuestos a Apple
La Comisión de Hacienda aprueba una PNL sobre la tributación de las tecnológicas
Consenso en el Congreso contra Apple. La mayoría de los partidos políticos han aprobado este miércoles una Proposición No de Ley para que el Gobierno recupere los impuestos no pagados por Apple y otras tecnológicas desde 2003. La Comisión de Hacienda y Función Pública ha debatido una proposición pactada entre el Grupo Mixto (Compromís), el PSOE y Ciudadanos. La iniciativa ha salido adelante con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
El diputado de Compromís Ignasi Candela ha afirmado que no se entendería que el Gobierno pida un esfuerzo fiscal a miles de ciudadanos y no se hiciera lo mismo con empresas que pueden hacer ingeniera fiscal para no pagar impuestos.
El portavoz de Fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha señalado que el Gobierno no ha desvelado si ha pedido información a la Comisión Europea para empezar a investigar el caso de Apple y que ayer le transmitieron, no obstante, que mantiene contacto constante con las instituciones europeas.
La diputada de ERC Ester Capella ha apoyado esta proposición que apuesta por la “transparencia fiscal” y ha dicho que la tendencia debe ir a la armonización fiscal, mientras que el diputado de IU Alberto Garzón ha señalado que es “inmoral e ilegítimo” este tipo de actuaciones.
El parlamentario del PP Juan Bravo ha señalado que está de acuerdo en el fondo de la propuesta para evitar la elusión fiscal y ha apoyado la creación de una subcomisión para analizar la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y las medidas sobre lucha contra el fraude y paraísos fiscales.
La comisión ha aprobado por unanimidad la creación de esta subcomisión solicitada por el PSOE para que en seis meses evalúe las medidas de aplicación directa en la legislación interna del Plan de Acción BEPS (en sus siglas en inglés), en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las multinacionales y las medidas aprobadas contra el blanqueo de capitales.
El grupo parlamentario socialista argumenta que el fraude es la mayor fuente de distorsión del sistema económico porque una baja tributación de las multinacionales y del capital contribuye a que la rentabilidad del capital pueda ser superior al crecimiento del PIB.
También aboga por que España impulse la creación de un organismo mundial, en el marco de la ONU, con dotación de medios humanos y materiales, para garantizar que todos los países pueden participar en igualdad de condiciones en la reforma de las políticas fiscales a escala mundial.
Asimismo, promover que todos los parlamentos nacionales colaboren entre sí para garantizar un control y coherencia de los sistemas fiscales de los Estados miembros e impulsar la armonización de la base imponible común del Impuesto sobre Sociedades.
El PSOE incide en que el Gobierno debe apoyar que las multinacionales hagan constar en sus balances informaciones sobre los beneficios, pérdidas antes de impuestos u operaciones efectuadas, y elaborar una lista negra de paraísos fiscales comunes para la UE.
La iniciativa sobre el caso Apple también incluye establecer sanciones efectivas y disuasorias contra directivos de empresas implicados en evasión fiscal y poder revocar las licencias profesionales de los trabajadores y empresas que han diseñado sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal.
La Comisión de Hacienda también ha debatido una iniciativa de ERC, que ha sido apoyada por Unidos Podemos y Ciudadanos y en la que el PSOE se ha abstenido, para que el Gobierno cumpla la sentencia europea referente a la devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas para la compra de empresas extranjeras.
La proposición no de ley ha sido rechazada por 14 votos en contra, 12 a favor y 10 abstenciones.
ERC y Ciudadanos habían pedido centralizar la información relativa a la deducción procedente de las cuentas anuales de las empresas publicadas en el Registro Mercantil y publicar la información en la web de la AEAT e impulsar la modificación del Impuesto sobre Sociedades con el objetivo de eliminar las deducciones fiscales derivadas de la adquisición de participaciones en empresas extranjeras.