El Banco de España sugiere retrasar la edad de jubilación más allá de 67 años

El gobernador del Banco de España ha sugerido vincular la edad de baja laboral con la esperanza de vida

El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde ha advertido esta tarde de que ni siquiera alcanzar el pleno empleo --con el 80% de la población activa trabajando (ahora lo hace el 56%)— sería suficiente para mantener la sostenibilidad del actual sistema de pensiones. Por ello, ha alertado que, o bien se buscan nuevos ingresos para el medio y largo plazo, o los recortes de las futuras pensiones, “serán significativos”.

Por tanto, Linde, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que estudia la reforma de la Seguridad Social, ha propuesto una solución combinada: buscar nuevos ingresos para costear el sistema de pensiones, pero eso no evitará que, al mismo tiempo, haya que reducir la denominada tasa de sustitución (porcentaje del último salario que representa la pensión), con lo que se ajustaría también el gasto. O lo que es lo mismo, aunque se busquen ingresos adicionales, la presión demográfica obligará a recortar algo las futuras pensiones.

¿Cómo propone el Banco de España que se reduzca la tasa de sustitución? En primer lugar sugiere una distribución “más equilibrada” entre el recorte directo de las nuevas pensiones y la pérdida de poder adquisitivo que se producirá por el efecto del actual factor de revalorización, que fija un incremento mínimo del 0,25% mientras la Seguridad Social esté en déficit.

Pero también propone que los legisladores decidan sobre la posibilidad de aprobar “retrasos adicionales de la edad de jubilación” más allá de la edad legal actual de 67 años. Para Linde este retraso “podría estar justificado por el incremento de la esperanza de vida, el retraso en la entrada al mundo laboral, las menores necesidades físicas requeridas por la mayoría de los trabajos y la mejora de las condiciones físicas en edades más avanzadas”.

En este sentido, el gobernador del Banco de España ha añadido que “cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

En este punto, ha llegado a mencionar la posibilidad, adoptada en otros países, de ligar de forma automática la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. Es más, ha citado que algunos de los países que han optado por esta vinculación directa han ido más allá y han transformado el sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales.

Se trata de la creación de cuentas individuales (virtuales) donde se anotan todas las cotizaciones de un trabajador a lo largo de su vida y cuando decide jubilarse, se estima su esperanza de vida restante y se reparte lo cotizado en esas anualidades. Si bien para Linde este sistema “mejora la transparencia, y permite gestionar mejor el momento en el que uno quiere jubilarse, pero no soluciona en nada el problema de la estabilidad financiera”.

Dicho todo esto, la contención del gasto mediante el recorte de la tasa de sustitución no será suficiente para equilibrar el sistema, sino que harán falta más ingresos, según el Banco de España. En ese sentido, Linde explicó que las nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social solo pueden llegar de un incremento de las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores, o por el aumento de los impuestos; o bien una combinación de ambos.

En esta línea, alertó de una serie de dificultades o de consecuencias económicas negativas de una u otra opción. En su opinión, el incremento de las cotizaciones tendría “efectos negativos sobre el empleo”;y eliminar los topes máximos de cotización, “generaría un aumento de ingresos significativo, pero supondría una fuerte elevación de los costes laborales”. Es más, habría que subir también en paralelo la pensión máxima, para mantener la contributividad, y eso provocaría un aumento del gasto en el futuro.

Si se optara por subir los impuestos existentes o crear alguna nueva figura impositiva, Linde hizo hincapié en que “la cesta de impuestos resultante sea lo menos distorsionadora posible para el crecimiento”. Y, aunque insistió en varias ocasiones en que el Banco de España no pretendía optar por ninguna solución concreta, sino exponer de forma “aritmética y formal” todas las posibilidades, sí sugirió claramente que los expertos de este organismo, en el caso de que se decidiera subir impuestos, son más partidarios de elevar los indirectos, “porque los datos objetivos dicen que el peso de los directos ya es mayor”, dijo Linde.

Si bien, dicho esto, recordó que la opción de aumentar la presión fiscal recaería también sobre los propios pensionistas, “que también pagan impuestos”, añadió.

Pensiones privadas

Dado que desde el Banco de España consideran imprescindible que la Seguridad Social aumente sus ingresos y reduzca la tasa de sustitución (recorte de la cuantía de la pensión), creen que “se podría plantear extender el papel del ahorro para la jubilación”. De esta forma, las futuras pensiones públicas, más bajas, se completarían con las privadas suscritas individual y colectivamente.

Aunque Linde también puso sus peros a esta posibilidad. En concreto, consideró que el desarrollo de sistema de capitalización “resulta complejo y requiere de un análisis previo de cuestiones como el periodo de tiempo requerido para su implantación, su carácter voluntario u obligatorio, su rentabilidad en un escenario de estancamiento demográfico y bajo crecimiento de la productividad, o la distribución del coste asociado para las distintas generaciones”. Dicho esto, admitió que un sistema de capitalización no tiene que ser puramente privado, sino que podría tener “gestión pública”, como es el caso del fondo de reserva para las pensiones.

Linde concluyó diciendo que “el sistema público es irremplazable”, pero que su sostenibilidad requerirá “medidas políticas, importantes y serias”.