Fernández de Mesa, ¿a la presidencia de Red Eléctrica?

El polémico nombramiento del exdirector de la Guardia Civil como consejero de REE, pone en evidencia el carácter gubernamental de una compañía regulada, cuyos ingresos proceden de la factura de la luz.

Belén Trincado

El nombramiento de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector general de la Guardia Civil, y amigo de Mariano Rajoy, como consejero independiente de Red Eléctrica de España (REE),ha desatado una ola de indignación que aún perdura. La decisión llegó en un momento delicado: en plena resaca por el fuerte repunte de los precios de la luz y en vísperas de que el Gobierno convalidara, con el apoyo del PSOE y C’s, el RDL sobre financiación del bono social y pobreza energética. La ciudadanía se desayunó el martes con la apertura de otra puerta giratoria de la que no estaba al tanto ni el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como demostró al llegar al Congreso: “Es una decisión empresarial”, respondió algo turbado.

 ¿Empresarial? ¿Es REE una empresa o más bien una plataforma para sustanciar favores a políticos, cuyo cometido es impedir, a su vez, que los Gobiernos de turno recorten los ingresos de una compañía cuyos beneficios sirven para enjugar las pérdidas de las ruinosas empresas de la SEPI? En definitiva, un trasvase de renta desde la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores y es regresiva, frente a los impuestos que se pagan en función de la renta.

Un debate serio sobre el operador del sistema eléctrico y transportista de las redes de alta tensión (en régimen de cuasimonopolio) debe comenzar por un análisis del carácter estatal de la compañía. A sus gestores les gusta decir que REE no es una compañía pública, pues el Estado solo tiene un 20% de su capital (a través de la SEPI); que el 80% restante cotiza en Bolsa (un 65% institucionales extranjeros) y además forma parte del exclusivo club del Ibex.

Pero tras esta imagen de sociedad cotizada, que tuvo el detalle de designar a un consejero coordinador de sus fondos (función que desempeña Carmen Gómez de Barreda) y después a un consejero delegado (Juan Lasala), se encuentra un grupo no solo estatal, sino gubernamental (en su consejo hay varios expolíticos, como el que fuera presidente de Aragón, Santiago Lanzuela o el propio presidente no ejecutivo, José Folgado), con una acción de oro en toda regla que limita los derechos políticos a los privados.

Es cierto que el Estado solo tiene un 20%, pero también que no tiene rival en el accionariado. La Ley 17/2007 de 4 de julio, reforzó las limitaciones a la participación y los derechos políticos de los accionistas de REE, en la que el Estado no puede bajar del 10%. Según esta norma, ningún inversor puede tener más del 5% y sus derechos políticos se limitan al 3%. En el caso de las empresas del sector, el tope en el capital es del 3% y el de sus derechos de voto, el 1%.

Inversores satisfechos

Pese al proteccionismo de que disfruta el Estado, fondos y minoritarios en general parecen satisfechos. Y es que más allá de su carácter público, las actividades de la compañía están totalmente reguladas, lo que garantiza a cualquier inversor una rentabilidad sustanciosa. ¿Cómo es posible, si no, que la rentabilidad (incluidos los dividendos) de una compañía con una actividad sin riesgo multiplique por 16 al resto del Ibex (ver gráfico). Un diferencial asombroso (la rentabilidad de REE ha crecido un 1.628% desde que comenzó a cotizar en julio de 1999 hasta hoy y la del Íbex, un 107%) teniendo en cuenta que son las empresas no reguladas, sometidas a los riesgos del mercado, las que deberían ofrecer una mayor rentabilidad.

Hay quien atribuye el poder de REE a su doble función de operador del sistema y transportista. A grandes rasgos, el primero propone la planificación de las infraestructuras eléctricas, que se traducen en las inversiones que realiza el segundo y que recupera a través de los peajes de la luz. De ahí -consideran los críticos- “la sobrecapacidad del sistema”.

La designación realizada en este momento, ha hecho sospechar de la intención de Rajoy nombrar a Fernández de Mesa como presidente de la compañía, en sustitución de Folgado. En el PSOE amenazan con retirar su apoyo si esto sucediera

En tres ocasiones, durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, el Ministerio de Industria intentó separar estas funciones. De hecho, bajo el mandato de Miguel Sebastián, la propuesta llegó al Consejo de Ministros, pero los expolíticos socialistas que dirigían REE, a la sazón la presidía Luis Atienza, sacaron toda su artillería y tumbaron la iniciativa. Una muestra del poder parapolítico de la compañía, que le ha servido, sobre todo, para salvar su remuneración.

REE fue la única compañía del sector que, pese a los recortes de la reforma eléctrica de José Manuel Soria, nunca bajó sus beneficios. En estos momentos, se enfrenta a dos contratiempos: las tasas que debe pagar a los municipios por el uso del dominio público y el expediente de la Comisión Europea que exige el fin de su posición de monopolio en las interconexiones internacionales.

Para conjurar peligros como estos, que pueden mermar sus ingresos, es para lo que sirven los nombramientos como el de Fernández de Mesa, subrayan fuentes del sector, y explicarían “por qué no se les exigen conocimientos técnicos”. Con la designación del que fuera también delegado del Gobierno en La Coruña en los días del naufragio del Prestige, REE refuerza la línea directa con Mariano Rajoy y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que -dicen- fue quien se encargó de proponer al polémico consejero.

El que se le haya designado en estos momentos (sustituye al exdiputado del PP, Agustín Conde, que ha pasado a ser secretario de Estado de Defensa) sin esperar a la junta, que se celebrará en la primavera, ha hecho sospechar que Fernández de Mesa estaría llamado a relevar a José Folgado, de 73 años. Y es que para ser presidente es obligatorio ser consejero.

En ámbitos socialistas rechazan esta posibilidad:“si esta opción ha estado alguna vez encima de la mesa, el Gobierno, que ha rozado todos límites con este nombramiento, aprovechando la inestabilidad de la izquierda, la debe descartar si quiere mantener el apoyo del PSOE”.

Una derivada del debate de “pública o privada”, es la relacionada con los pingües salarios del consejo de REE: “de los más bajos del Ibex”, se defienden sus vocales, o “los más altos de una empresa pública”, atacan los críticos. Folgado recibió 707.000 euros en 2015, según datos de la CNMV.

Hay quien opina que los miembros del consejo de REE (y también los de Enagás, su homólogo en el sector del gas), no deberían ganar más que el ministro de Energía, o no más del doble. Al fin y al cabo, es este quien decide qué inversiones se hacen y con qué rentabilidad. “No pueden cobrar -insisten- como si gestionaran una empresa que asume el riesgo de equivocarse en sus inversiones”.