Normativa

Las ‘fintech’ reclaman al Gobierno regulación y supervisión

La Asociación Española presenta su libro blanco de regulación

Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Fintech e InsurTech
Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Fintech e InsurTech

La proliferación de fintech ha provocado que su regulación sea ya una cuestión necesaria para este sector, según reclaman sus protagonistas. Su asociación reclamó ayer al Gobierno supervisión y regulación para esta industria. Sus propuestas las han incluido en un libro blanco sectorial.

Las fintech se están convirtiendo en una parte cada vez más significativa de la economía del país. En España ya existen más de 200 firmas, que dan trabajo a 2.500 personas, que manejan 250 millones de euros. Pero se espera que a lo largo del presente ejercicio lleguen a 400 fintech y que sumen unos 5.000 empleos. Dado su cada vez mayor peso en varios sectores de la economía la Asociación Española de Fintech e InsurTech (AEFI) reclamó ayer un marco normativo “específico” con la adaptación de la legislación vigente a través de la colaboración entre las Administraciones y los agentes del sector. Además, solicitó la creación de un supervisor para el sector que permita, a su vez, simplificar los requisitos para su desarrollo, que en varios casos son largos e incluso costosos.

La AEFI presentó un libro blanco para la regulación de las compañías de tecnofinanzas, conocidas como fintech, que plantea, además, que se reduzcan los requisitos de entrada al mercado a esas entidades y el establecimiento de una incubadora de empresas para “impulsar” el desarrollo y la competitividad del sector. Sobre estas propuestas, la secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, declaró que son “útiles” para la industria financiera, pero que deben abordarse con un “enfoque global” por las características de la misma. Navarro afirmó que el Gobierno está “convencido” de la necesidad de estar “a la vanguardia” en este campo e identificar las áreas que necesiten “adoptar medidas”.

La secretario general del Tesoro insistió en que el desarrollo de las finanzas tecnológicas permite una “mayor eficiencia y especialización” del sector, así como un acceso “más rápido” a los consumidores, pero que a su vez exige “reforzar políticas de protección de datos” y la adaptación a estas tecnologías.

El presidente de la AEFI, Jesús Pérez, se queja de que “la falta de proactividad de los poderes públicos a la hora de realizar acciones concretas para proceder a la regulación del fenómeno fintech, implicaría una clara desventaja competitiva que se traduciría en una salida de capital y de empresas hacia entornos regulatorios más seguros”. Por ello, ha manifestado la “necesidad” de establecer un marco de innovación regulatoria, así como que los órganos de supervisión del sector financiero atiendan las peculiaridades de las “fintech”.

Asimismo, ha propuesto que se cree una plataforma para incubar empresas emergentes (startups) dedicadas a las finanzas tecnológicas, “en la línea” de lo que han llevado a cabo otros países como el Reino Unido. La asociación advierte de que a diferencia de España, la mayoría de los países de “nuestro entorno han iniciado o están en trámites de iniciar proyectos piloto para diseñar un marco normativo comprensivo del fenómeno fintech”. Sobre las principales barreras normativas que afronta el sector, la asociación ha defendido “simplificar” los requisitos de entrada al mercado y desarrollo de operaciones de las entidades, sobre todo las que se dedican a la financiación alternativa, como es el crowdfunding (financiación colectiva) y el crowdlending (financiación por parte de varios inversores).

Rodrigo García de la Cruz, vicepresidente de la asociación, alertó de la “próxima llegada de muchos competidores asiáticos”. Otra de las razones para contar con un supervisor y con una regulación específica. El libro blanco presentado explica que Reino Unido ha sido el pionero en el desarrollo de iniciativas regulatorias para el desarrollo de este sector, pero ya Singapur, Alemania y Francia cuentan con supervisores y regulación adaptada a este segmento de negocio cada vez más importante.

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