Energía

Las eléctricas recurrirán la nueva financiación del bono social

El Congreso convalida el RDL con la nueva financiación y las pequeñas comercializadoras quieren poder ofrecerlo a sus clientes.

Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, conversa con el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, conversa con el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Efe

El Grupo Popular en el Congreso ha logrado convalidar hoy en el Pleno del Congreso el nuevo real decreto ley sobre financiación del bono social de la tarifa y que prohíbe los cortes de luz en situación de exclusión social, gracias al pacto con el PSOE y Ciudadanos y con el voto en contra de Podemos. Este partido, que fue excluido del acuerdo sellado en diciembre entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el portavoz de Economía del PSOE, Antonio Hernando, se había mostrado dispuesto a abstenerse en el caso de que la norma se hubiese tramitado como proyecto de ley.

El Pleno lo ha convalidado, con 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones. Han votado a favor PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias; se han abstenido Compromís, PNV y Partido Democrático de Cataluña y han votado en contra Unidos Podemos, ERC y EH Bildu.

El RDL aprobado hoy, pero que está vigente desde el 23 de diciembre en que lo aprobó el Consejo de Ministros, establece un nuevo mecanismo de financiación del bono (el tercero, después de que el Supremo anulara los anteriores por considerarlos contrarios a la normativa europea), que corresponderá a todas las comercializadoras eléctricas en función de sus clientes.

Las compañías afectadas, grandes y pequeñas, se disponen a recurrir de nuevo la norma ante el Tribunal Supremo. Concretamente, los reglamentos que desarrollarán la ley, que incluye un nuevo diseño de beneficiarios del bono social que, según Nadal, estará ligado a la renta; la definción de consumidor vulnerable o el procedimiento para los cortes de suministro, para lo que tendrán un papel importante los servicios sociales de los ayuntamientos .

Además, las pequeñas comercializadoras (hay inscritas unas 200) están presionando para conseguir que el Gobierno les permita ofrecer el bono social a sus clientes. “Si estamos obligadas a financiarlo, que nos den la posibilidad de que lo ofrezcamos a nuestros clientes como hacen las grandes de Unesa”, aseguran fuentes de una pequeña comercializadora.

El bono social lo disfrutan los consumidores de menos de 10 kW contratados acogidos al PVPC y, a su vez, a este mercado solo pueden suministrar las llamadas comercializadoras de referencia (las filiales de las cinco grandes eléctricas y las municipales de Ceuta y Melilla). Para ser de referencia, la ley imponen una serie de condiciones financieras y un número determinado de clientes.

El Supremo anuló en noviembre el antiguo mecanismo de financiación del bono, que pagaban los grupos verticalmente integrados (con las tres actividades eléctricas). Para ganar tiempo, el Gobierno presentará esta semana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo. También el primer fallo negativo del Alto Tribunal, el de 2012, fue recurrido al Constitucional, que no lo admitió a trámite.

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