La banca estudia que las auditoras negocien el pago de cláusulas suelo
Cada banco podrá subcontratar la mediación extrajudicial para agilizarla
Los bancos no cuentan con medios materiales ni “gente suficiente” para hacer frente a la previsible avalancha de reclamaciones de devolución de lo cobrado por cláusulas suelo que puede suponerles la negociación extrajudicial que el Gobierno busca impulsar el viernes que viene, reconocía la pasada semana el ministro de Justicia Rafael Catalá, quien pocos días antes ya advertía también que gestionar 1,5 millones de litigios por este asunto podría colapsar los juzgados españoles. El camino intermedio al que dejará abierta la puerta el decreto ley que prepara el Ejecutivo, confirman fuentes conocedoras del proyecto, es permitir que las entidades financieras subcontraten a las llamadas big four, las cuatro mayores firmas de auditoría y consultoría, para llevar a cabo la mediación con los afectados.
A esta opción se refería el ministro de Justicia cuando, en la misma entrevista concedida a Onda Cero, expuso que “los abogados podrán ayudar quizá a los bancos a hacer una labor de mediación en la gestión de expedientes”, explican fuentes del sector auditor. La contratación de las cuatro grandes firmas del ramo auditor y consultor, esto es KPMG, Deloitte, PwC y EY, sería un factor clave para que muchas entidades pudieran aspirar a cumplir con el plazo de tres meses que el Ejecutivo prevé dar a los bancos para llegar a un acuerdo con sus clientes en torno a la devolución de lo cobrado por la aplicación de cláusulas suelo opacas con retroactividad total.
Existe un precedente claro para optar por subcontratar esta operativa a las grandes auditoras y es el que supuso la resolución del proceso de arbitraje de las participaciones preferentes y deuda subordinada de las entidades financieras rescatadas. En aquella ocasión, allá por 2013, KPMG fue contratada para ofrecer el servicio de arbitraje a los afectados de Bankia, entre los que llevó a cabo un filtro para decidir las compensaciones correspondientes, mientras que PwC ofreció un servicio similar para los clientes de Novagalicia (hoy Abanca, tras su adquisición por el grupo venezolano Banesco) y EY se ocupó de los preferentistas de Catalunya Banc (entidad que luego fue vendida a BBVA).
Fuentes financieras consultadas advierten, sin embargo, que en esta ocasión la contratación de las distintas firmas de auditoría y consultoría será una potestad que pueda ejecutar o no cada entidad en función de sus preferencias o necesidades a la hora de abordar la negociación extrajudicial que les será impuesta por decreto ley. Hay que tener en cuenta las enormes diferencias de plantilla y red con que cuentan las distintas entidades que deben acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que impone la devolución con retroactividad total de las cláusulas suelo abusivas, puesto que la lista incluye grandes entidades como BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Popular, y otras menores, como Liberbank o Unicaja.
El decreto ley que el Gobierno viene negociando estos días con la oposición, pero también con el sector financiero, con las patronales de bancos (AEB) y cajas (CECA), no impondrá por tanto esta vía, pero sí dejará la puerta a ella y, ante todo, limitará el plazo de tiempo con que cuentan las entidades para resolver las reclamaciones lo que sí decantará a algunas por contratar a las auditoras para lograr dar respuesta a tiempo a decenas de miles de clientes.
La idea es que esta colaboración con las auditoras propicie una respuesta rápida por parte de la banca que evite que los tribunales españoles dupliquen su carga de trabajo este año, según las estimaciones de Justicia. Con todo, el detalle de la norma definitiva que impulsará el Ejecutivo sigue en el aire. Después de todo, el decreto ya ha sido retrasado en dos ocasiones ante la falta acuerdo con el PSOE, cuyo apoyo busca lograr el Gobierno para garantizar que la media supera la tramitación en un Congreso dividido.
