REE pide a Montoro que unifique la tasa municipal a las redes
La medida obligaría a modificar la Ley de Haciendas Locales. La compañía debe pagar aproximadamente unos 50 millones de euros por el tributo.
Las cinco sentencias publicadas la primera semana de enero por el Tribunal Supremo con las que refrendaba las tasas de tres pequeños ayuntamientos “por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”, ha desatado las alarmas en REE. El operador del sistema y transportista de la red de alta tensión será el más afectado por el fallo favorable a los ayuntamientos de Arteixo (A Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora).
La Sala Tercera del Tribunal Supremo aceptó que estos municipios, que incluyeron dicha tasa en una ordenanza fiscal de 2014, puedan catalogar como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas para calcular la base imponible de la tasa por uso del dominio público local. Más de un centenar de municipios aplican esta tasa, que las empresas han ido recurriendo ante los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y se han negado a pagarla alegando que incumple la Ley de Haciendas Locales.
Del resultado de los recursos contra los fallos de los TSJ ante el Supremo se desprende que los municipios pueden establecer esta tasa a REE, si bien, hasta ahora consideraba inadecuado utilizar el volumen de ingresos obtenidos por la compañía para determinar el valor de mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público municipal.
Con las recientes sentencias, el tribunal considera razonable y acepta que la tasa se aplique según “criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, determinados con transparencia y publicidad”, según la sentencia relativa al ayuntamiento de Villalcampo. En este sentido, se acepta el criterio de estos municipios de cobrar en función de la longitud de la línea y su voltaje.
Así, se establece una horquilla de entre 12.000 euros (para 400 kV) y 3.000 euros (para 20 kV) por cada kilómetro de cable. Teniendo en cuenta que la compañía que dirige Juan Lasala explota 42.000 kilómetros de red en España, algunos se han aventurado a atribuirle un coste de hasta 500 millones de euros por estas tasas (el equivalente al dividendo que reparte la empresa), en el caso de que todos los municipios españoles las aplicara, lo que será de esperar.
Sin embargo, la compañía, en la que la SEPI es principal accionista con un 20%, advierte de que solo entre el 10% y el 12% de los terrenos por los que transcurren sus líneas son de dominio público, por lo que aquella cantidad quedaría reducida a unos 50 millones máximo. En el caso de los terrenos privados, REE compensa a los propietarios mediante convenios individuales.
Aunque REE sigue ganando algunos pleitos en primera instancia (TSJ), las recientes sentencias sientan jurisprudencia, lo que la ha llevado “a iniciar un diálogo con el Ministerio de Hacienda” para que “homogenice las tasas en toda España”. En las negociaciones, que aún no son formales, “aunque el ministerio es consciente del lío que hay montado”, señalan en REE, deberá participar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En esta federación aseguran que aún no les ha llegado ninguna petición. La solución resultará cumplicada ya que la unificación del tributo sobre uso de dominio público exigirá una modificación de la Ley de Haciendas Locales.
En el caso de las distribuidoras eléctricas, filiales de las grandes compañías del sector (con redes de media y baja tensión), estas se consideran exentas porque ya pagan el 1,5% de su facturación por la denominada tasa palomilla, que grava el uso del suelo, subsuelo y vuelo con postes, palomillas, canalizaciones y otros, en bienes de dominio público municipal. Precisamente, REE quiere alcanzar con Hacienda y la FEMP un acuerdo similar al logrado por las distribuidoras en 2011 sobre dicha tasa.
Un coste que terminará en los peajes eléctricos
Al desarrollar una actividad regulada, REE tendrá derecho a que el coste derivado de las nuevas tasas municipales a las redes se le retribuya a través de los peajes eléctricos que pagan los consumidores. En función del importe que resulte finalmente, el efecto de la factura de la luz será más o menos elevado. Por el momento, la compañía quiere que el ministerio que dirige Cristóbal Montoro, tras una negociación con la FEMP, unifique (y rebaje) el tributo que ha sido refrendado por el Supremo, para lo que será necesario modificar la Ley de Haciendas Locales.
La situación es caótica, pues la compañía sigue recurriendo a los tribunales de justicia de las comunidades autónomas, que suele darle la razón. De hecho, el pasado 22 de diciembre ganó el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra el ayuntamiento de Salás de Pallars (Lleida), contra la ordenanza fiscal de 2014, por el que se apruebó la correspondiente tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”, así como las tarifas. En este caso, REE consideró a que el informe técnico-económico con que se se valoró la tasa, no reunía “los requisitos de idoneidad a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Haciendas Locales”. El tribunal, como en otros muchos casos, estimó los argumentos de la compañía, argumentando que el ayuntamiento no hizo una valoración de los terrenos rústicos sobrevolados por las líneas, sino que procedió “a la invención de un bien inmueble, compuesto por suelo y construcción, al que dotó de un valor catastral también inventado”.
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