El Gobierno dará tres meses a la banca para devolver la cláusula suelo
El Gobierno tramitará el viernes un mecanismo extrajudicial gratuito
El Ejecutivo se dispone a oficializar una vía de diálogo entre los cientos de miles de clientes con cláusulas suelo hipotecarias y sus entidades financieras para tratar de evitar que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –que obliga a la banca a devolver con retroactividad plena todo lo cobrado por estas condiciones cuando sean opacas– colapse la justicia española. Para ello, el Ejecutivo prevé aprobar por decreto ley un mecanismo extrajudicial que permita agilizar las reclamaciones sin acudir a los tribunales, explicó ayer en el foro Spain Investors Day el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmando que el asunto será tratado por el Consejo de Ministros del próximo viernes.
El sistema que impulsará el Ejecutivo permitirá que los hipotecados se pongan de acuerdo directamente con sus entidades bancarias sobre la cantidad a devolver y su forma de pago. El último borrador de la norma que baraja el Gobierno fija un plazo máximo de tres meses para que las reclamaciones que la banca considere justificadas se traduzcan en la devolución del dinero. El procedimiento, detallan desde Economía, será voluntario para el particular y obligatorio para las entidades. Si las partes no llegan a un acuerdo, eso sí, seguirá disponible la vía judicial.
Las cifras
4.200 millones de euros es el coste que puede llegar a tener para el sector financiero la sentencia europea que impone la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo, según los cálculos del Banco de España.
1,5 millones de familias se estima que podrían reclamar a sus entidades el reintegro del dinero que les cobraron en aplicación de cláusulas suelo opacas incluidas en sus préstamos hipotecarios.
El ministro de Economía matizó ayer, antes de entrar en una comida con inversores, que aunque se trate de acuerdos privados, el Gobierno tiene la responsabilidad de facilitar “cauces” para la agilizar las devoluciones y subrayó que este sistema de reclamaciones extrajudiciales será y gratuito para los particulares.
El impulso de este sistema de mediación responde a la reciente sentencia europea que especifica que la banca debe devolver lo cobrado por las cláusulas suelo opacas, aquellas que no sean transparentes, con retroactividad total y no únicamente desde que lo dijera el Tribunal Supremo español en mayo de 2013. Las cláusulas suelo, aquellas que limitan la rebaja de cuota de la que puede beneficiarse un hipotecado frente a la rebaja real del euríbor, comenzaron a activarse en 2009 debido a la caída de tipos con lo que algunas entidades deberán devolver lo cobrado por ellas durante los últimos ocho años.
El Banco de España estima que el impacto de la sentencia europea, de obligado cumplimiento, puede costar al sector financiero español unos 4.200 millones de euros. La banca ha defendido, sin embargo, que sería preciso estudiar caso a caso en los juzgados y que no aprobaría una devolución generalizada lo que ha hecho temer al Ministerio de Justicia un colapso de los tribunales del país.
Para evitarlo, y facilitar una solución para los miles de afectados –1,5 millones de familias según cálculos oficiales que algunas fuentes elevan a tres millones– el Ejecutivo ultima este mecanismo de compensación extrajudicial, para el que espera el apoyo del PSOE.
Fuentes del Partido Socialista advertían ayer, sin embargo, que de momento no habían recibido copia de este nuevo borrador del proyecto; que desconocían detalles como el plazo máximo de tres meses anunciado por Guindos y que no tenían reuniones de negociación fijadas, de momento, pese a que el Ejecutivo renunció a aprobar su primera iniciativa en esta materia, el 30 de diciembre, hasta contar con el apoyo del PSOE. Fuentes del Ejecutivo repusieron, sin embargo, que restan todavía varios días para el consejo de ministros y que este margen se aprovechará para negociar los detalles del mecanismo con los partidos de la oposición.
Desde las patronales bancarias, de otra parte, admiten que está habiendo contactos con el Gobierno para abordar el modelo pero muestran su inquietud por cómo afectará la norma a las entidades financieras que defienden la validez de las cláusulas suelo que comercializaron.
Nueva Ley Hipotecaria que evite castigos judiciales
Más allá del impacto que termine teniendo la devolución de las cláusulas suelo, a la banca se le ha abierto un nuevo frente de batalla en el campo hipotecario debido a una sentencia del Tribunal Supremo que declara nulas las cláusulas que obligan al cliente a cargar con todos los costes asociados a la constitución de la hipoteca. A tenor de los fallos que ya ha inspirado la doctrina del Supremo, los abogados de la asociación de usuarios de banca Adicae ven claro que los gastos de registro, notaría o gestoría debería afrontarlos la entidad financiera. Está por aclarar, sin embargo, si el banco debe cubrir también al menos una parte del impuesto de actos jurídicos documentados. Las asociaciones de usuarios como Adicae han reclamado una solución extrajudicial también para este asunto, pues se cree que el número de familias afectadas puede ser muy superior al de las cláusulas suelo, lo que sumaría varios millones de familias dispuestas a litigar.
De momento, sin embargo, el Gobierno solo ha anunciado un mecanismo extrajudicial para tratar el asunto de las cláusulas suelo. En paralelo, sin embargo, según reveló ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Ejecutivo trabaja ya en un proyecto de reforma de la Ley Hipotecaria para incrementar la transparencia de los productos financieros, establecer cómo deben redactarse las cláusulas más complicadas o aclarar la responsabilidad de cada parte contratante. El proyecto de ley, expuso Guindos, responde a la necesidad de trasponer una directiva europea sobre hipotecas. El objetivo de fondo es tratar de evitar que la justicia siga corrigiendo la norma hipotecaria a golpe de sentencias por lo que se busca mejorar la transparencia comercial y la protección de los consumidores.
